La República Islámica de Irán ha cruzado un nuevo umbral en su estrategia para sofocar la disidencia interna: según el último reporte de la organización Iran Human Rights (IHRNGO), al menos 26 personas vinculadas a las recientes movilizaciones populares han sido sentenciadas a la pena capital. La cifra, sin embargo, podría ser apenas la punta del iceberg, ya que cientos de detenidos (incluidos menores de edad) enfrentan cargos que legalmente desembocan en la ejecución.
La organización, con sede en Oslo, advierte sobre la inminencia de ejecuciones masivas y denuncia que el sistema judicial iraní está operando bajo directrices políticas de «tolerancia cero».
Juicios bajo sospecha y confesiones forzadas
El proceso legal que ha llevado a estas sentencias está siendo duramente cuestionado por observadores internacionales. El director de IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam, calificó estos procedimientos como una simulación de justicia y señaló que las condenas se sustentan principalmente en confesiones obtenidas mediante tortura y coacción.
Además, la ONG ha denunciado una campaña de amedrentamiento contra las familias de los acusados. Según el informe, los parientes reciben amenazas constantes para evitar que denuncien las irregularidades de los casos ante la prensa o la comunidad internacional, manteniendo así un velo de opacidad sobre los procesos.
El origen del conflicto: del malestar económico a la crisis política
Lo que hoy se ha convertido en una crisis de derechos humanos comenzó el pasado 28 de diciembre como una protesta económica. Comerciantes de Teherán salieron a las calles motivados por la caída histórica del rial, la moneda local. Sin embargo, el descontento escaló rápidamente hacia un movimiento ciudadano más amplio que exigía cambios estructurales en el régimen de la República Islámica.
La respuesta del Estado alcanzó su punto más crítico los días 8 y 9 de enero, fechas marcadas por una represión policial y militar que dejó un saldo de víctimas aún en disputa:
-
Cifras oficiales: el gobierno iraní admite la muerte de 3.117 personas.
-
Informes de la oposición: organizaciones como HRANA elevan la cifra a más de 7.000 fallecidos y estiman que las detenciones podrían superar las 53.000.
Presión internacional ante un castigo inminente
Desde el Poder Judicial de Irán, la orden es castigar con firmeza lo que califican como «disturbios y actos terroristas». Hasta la fecha, se han emitido cerca de 8.843 acusaciones formales relacionadas con las protestas, lo que sugiere que el número de sentencias extremas seguirá creciendo.
Ante este panorama, las organizaciones de derechos humanos hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para elevar el «costo político» de estas ejecuciones. La presión diplomática y las campañas de visibilización se presentan hoy como la última barrera para intentar frenar lo que muchos consideran un violento ataque contra la juventud iraní y, especialmente, la libertad de expresión.
