La Autoridad Portuaria de Baleares (APB) defiende este lunes por la tarde, ante el Consell de Entitats de Formentera, que su propuesta para el futuro del puerto de la Savina persigue como principal prioridad la defensa del interés general.
La comparecencia pública de su presidente, Javier Sanz, y del director del ente, Toni Ginard, responde a la invitación formal trasladada por el Consell y a la petición del tejido asociativo de recibir información de primera mano sobre el modelo portuario que se pretende implantar en la isla.
En una sesión que se celebra en la sala de plenos del Consell, los máximos responsables de la APB detallan los ejes sobre los que se estructura la propuesta que guiará el nuevo concurso de gestión.
Según explican, el objetivo general es garantizar el uso eficiente del dominio público portuario, asegurar la viabilidad económica y financiera, fomentar el acceso público, avanzar hacia un modelo medioambientalmente sostenible y contribuir a los objetivos estratégicos nacionales y locales.
También destacan que el modelo busca ser compatible con otras actividades portuarias y recreativas, además de introducir medidas de innovación y modernización.
Aparcamiento y expropiaciones
Durante la sesión se abordan varias cuestiones relevantes que completan la visión del nuevo modelo propuesto para el puerto de la Savina.
Se confirma que el número de amarres transeúntes para embarcaciones menores de ocho metros crecerá de forma notable, mientras que los amarres destinados a embarcaciones mayores de esa eslora disminuirán respecto a la situación actual.
Asimismo, se señala que algunas edificaciones inicialmente previstas quedarán fuera del proyecto debido a la ausencia de un Plan Especial vigente. Aunque la Autoridad Portuaria dispone de base jurídica para incluirlas, ha optado por no hacerlo hasta que se disponga del marco normativo adecuado.
En materia de accesibilidad, se explica que la superficie destinada a aparcamiento se ha reducido a la mitad respecto a la previsión original de 5.000 metros cuadrados. Esta modificación, solicitada por el Consell, ha generado inquietud entre asociaciones que consideran insuficiente la capacidad actual de estacionamiento en la zona.
Por otro lado, la duración de la concesión también ha sido revisada a la baja. El nuevo concurso contempla una reducción del plazo, que pasará de 25 a 16 años, en paralelo a una rebaja en la inversión mínima exigida, que se reduce de 30 a 15 millones de euros.
Finalmente, se menciona la posibilidad de expropiación de parcelas vinculadas a Salinera Española, en el marco de los planes de reordenación urbanística y funcional del entorno portuario.
Reducción de fragmentación y creación de un polo náutico atractivo
Durante la exposición, la APB ha subrayado que uno de los principales beneficios de su modelo es evitar la actual fragmentación en la gestión del puerto. Esta situación, afirmaron, ha dado lugar a una distribución poco eficiente de los espacios, a inversiones nulas y a una imagen deteriorada de la Savina.
En la actualidad existen dos operadores y cuatro concesionarios judicializados, además de precios de amarre elevados, falta de aparcamientos y una oferta de ocio casi inexistente.
Entre los argumentos económicos presentados, el equipo directivo ha destacado que el uso eficiente del dominio público permite un mayor aprovechamiento de la lámina de agua, atrae más inversiones, reduce costes operativos y genera ingresos. Según la APB, esto redundará en un fomento de la competitividad del puerto, la creación de un polo náutico atractivo y una mejora de la sostenibilidad ambiental.
Reparto de amarres: más espacio para embarcaciones menores
Uno de los elementos más destacados de la reunión fue el análisis comparativo entre la situación actual de los amarres y la propuesta del nuevo concurso. En total, se mantienen 183 amarres en lámina de agua, sin cambios en el número total de embarcaciones ni en la cantidad de bases y tradiciones.
La principal novedad está en la redistribución de amarres entre tipos de embarcación. Para las menores de ocho metros, se mantiene el número de amarres en base (21), pero se incrementa en un 258% el número de amarres bajo la categoría de tradiciones Lista 6ª, que pasa de 33 a 65.
En cambio, para embarcaciones mayores de ocho metros, se mantienen las 34 bases, pero los amarres de la Lista 6ª bajan de 95 a 52, lo que supone una reducción del 45%.
En marina seca, se mantienen los 35 amarres actuales para embarcaciones menores de ocho metros, todos ellos bajo la Lista 6ª/7ª. Como novedad, el nuevo pliego reserva seis amarres para uso propio de la APB. Según el documento, el total de amarres perdidos en el pliego asciende a 156.
Compromiso ambiental y social
El documento presentado por la APB incluye una batería de actuaciones medioambientales y de responsabilidad social corporativa que deberán cumplir los licitadores. Entre ellas se encuentran:
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Autogeneración energética renovable
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Uso de materiales sostenibles
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Captación de agua de lluvia
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Sistemas ecológicos de eliminación de hidrocarburos
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Iluminación eficiente
También se exigirá un plan de eficiencia energética con objetivos concretos y mediciones anuales del consumo de electricidad, combustible y agua, así como un plan de movilidad sostenible que promueva el transporte no contaminante. Además, los concesionarios deberán realizar un control de emisiones durante toda la vida útil de la concesión y compensar la huella de carbono si no se cumplen los objetivos de reducción establecidos.
En el plano social, la APB obligará a los adjudicatarios a realizar formación en materia ambiental, colaborar con instituciones educativas y científicas, y organizar al menos una actividad trimestral de educación ambiental.
El modelo unificado no genera riesgos monopolísticos, según la APB
En su conclusión, los representantes de la APB afirmaron que la unificación de la gestión portuaria no conlleva riesgos de monopolio que contravengan los intereses sociales, ya que estará sujeta a la regulación de la propia Autoridad Portuaria.
Aseguraron que el objetivo es maximizar el valor social, económico y medioambiental del puerto de la Savina, alineando su desarrollo con los intereses generales de la ciudadanía de Formentera.
Esta comparecencia pública se produce después de semanas de tensión institucional, en las que el Consell de Formentera —a través de un documento consensuado por todos los grupos políticos— trasladó a la APB la necesidad de replantear el modelo portuario y asegurar una gestión que priorice el territorio, el acceso ciudadano y la pluralidad de operadores.
