La Audiencia Provincial de Baleares ha absuelto a los exresponsables políticos de Gent per Formentera (GxF) en la causa judicial abierta por el caso de ca ses Castellones y la urbanización de los viales de Sant Ferran y Es Pujols, un procedimiento iniciado en 2013 y resuelto ahora mediante la sentencia 38/2026, dictada el pasado 29 de enero, que exonera de todos los delitos a Jaume Ferrer, Sònia Cardona, Bartomeu Escandell y Josep Mayans y condena en costas a la acusación popular.
La resolución, dictada por la Sección Primera de la Audiencia Provincial, considera que no existió desobediencia a resoluciones judiciales, ni prevaricación administrativa, ni malversación de caudales públicos, y subraya la falta de concreción y de pruebas de la acusación ejercida por el empresario Leo Stober a través de su mercantil Sunway S.L. .
Desobediencia: la demolición se ejecutó tras agotar las vías legales
En relación con el delito de desobediencia, por el que también acusó el Ministerio Fiscal a dos de los exconsellers, la Sala es tajante al afirmar que la sentencia que ordenaba la demolición de los locales de ca ses Castellones fue finalmente cumplida, tras agotar los recursos e incidentes legales previstos en la normativa.
Según recoge literalmente el fallo, el retraso de tres años no fue fruto de la inactividad, sino del uso de los mecanismos jurídicos disponibles por parte del Consell para intentar preservar la obra dentro de la legalidad, ordenándose la demolición “sin demora” una vez agotadas esas vías.
Prevaricación y malversación: inexistencia de arbitrariedad y de gasto irregular
La Audiencia también descarta los delitos de prevaricación administrativa y malversación, al no apreciar ninguna actuación arbitraria ni injusta, ni la utilización de fondos públicos de Formentera para beneficiar a terceros.
Sobre los viales de Sant Ferran y Es Pujols, la sentencia recuerda que las obras se ejecutaron en el marco de un convenio firmado en 2009 entre el Consell de Formentera y el Ministerio de Fomento, con financiación íntegra estatal, supervisada por técnicos de Hacienda y de la Dirección General de Carreteras, que dieron su conformidad en todo momento .
El tribunal subraya además que la acusación no concretó ningún gasto atribuible a una conducta malversadora, lo que, unido a la ausencia de pruebas, conduce a la absolución completa de los encausados.
Condena en costas por temeridad de la acusación popular
Uno de los aspectos más contundentes de la sentencia es la condena en costas a la acusación popular, al apreciar la Sala temeridad en su actuación procesal, tanto por la imprecisión de las acusaciones como por la ausencia total de pruebas que las respaldaran.
El tribunal reprocha que se imputaran tres delitos graves a cuatro personas sin individualizar conductas, dolo ni beneficios obtenidos, calificando de desmesurado el arsenal punitivo solicitado, que incluía penas de prisión e inhabilitación .
En línea con Punta Prima
Esta resolución llega apenas unos días después de que el Tribunal Supremo ratificara la absolución de la ex cúpula de Gent per Formentera en el caso Punta Prima, una causa independiente que también se saldó sin responsabilidades penales para los dirigentes de GxF, tal y como ha informado La Voz de Ibiza.
En dicho caso, la promotora de Stober se consideró perjudicada la aprobación de las Normas Subsidiarias y el Plan Territorial de Formentera en 2010, que limitaban las posibilidades urbanísticas en zonas como Punta Prima. Por ello, emprendió tanto acciones contencioso-administrativas como penales.
Según ha remarcado GxF, el fallo de Punta Prima y el de ca ses Castellones refuerzan la línea jurisprudencial que limita la intervención penal a supuestos de ilegalidad grave y arbitraria, descartando el uso del derecho penal para dirimir conflictos urbanísticos o administrativos sin un plus de antijuridicidad.
Testigos y origen del conflicto urbanístico
En el juicio declararon, entre otros, representantes del Partido Popular y del antiguo Grup Independent de Formentera (GUIF), en una causa cuyo origen se remonta a una licencia urbanística concedida en 2005, durante el mandato del entonces alcalde Juan Manuel Costa (PP), poco antes de una moción de censura.
La Audiencia considera probado que la gestión posterior de Gent per Formentera se ajustó a derecho, sin actuaciones dolosas ni desviación de poder, cerrando así más de una década de litigios en torno a ca ses Castellones y los viales de Sant Ferran y Es Pujols.
