La Comisión de Código Ético y Buen Gobiernoha presentado una denuncia contra el presidente del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, por presunta malversación de sueldos públicos por la utilización con fines “puramente privados” de los servicios de un funcionario.
La Comisión ha denunciado que Córdoba dispuso de los servicios de un letrado del Consell para realizar las alegaciones del 17 de octubre pasado, cuando solicitara la recusación de dos de los miembros de la Comisión, además de que se deje sin efecto el informe que obra en manos del secretario Angel Custodio Navarro, que se reemplacen a los integrantes recusados y que se elabore un nuevo análisis “que no genere dudas de imparcialidad y neutralidad”.
Así lo ha hecho saber la Comisión al Consell en un documento ingresado y que fuera avanzado por Radio Illa.
La Comisión de Código Ético ha analizado los metadatos extraídos del documento digital para llegar a esta conclusión, cuyas pruebas se han remitido a la Fiscalía Anticorrupción. El documento de Córdoba que cuestiona a la Comisión lleva su forma persona, no la corporativa.
“Resultaría absolutamente contradictorio que los letrados del Consell Insular pudieran asumir la defensa particular de los sujetos obligados por el Código Ético ante los informes de esta Comisión”, han apuntado en la denuncia publicada por Radio Illa.
La postura de Córdoba
A pesar que todavía no se conoce el contenido del informe final de la Comisión, Córdoba intenta voltear las conclusiones recusando a dos de sus cinco miembros.
En tal sentido, le ha apuntado al notario Javier González Granado y la letrada del Consell, Lidia Serrano, quienes –según el presidente del Consell- han expuesto animadversión contra él.
El primero de ellos ha realizado declaraciones públicas pidiendo la dimisión de Córdoba, mientras que Serrano ha pedido ser trasladada del departamento de Litoral ya que “el presidente no respetaba el trabajo del personal”.
Por eso, pide que se deje sin efecto el informe que obra en manos del secretario Angel Custodio Navarro, que se reemplacen a los integrantes recusados y que se elabore un nuevo análisis “que no genere dudas de imparcialidad y neutralidad”, plantea.
“Intereses puramente privados”
Según la investigación de la Comisión, esta defensa se habría elaborado con los servicios de un funcionario de Consell, lo que «resulta sorprendente”, ya que se ha realizado «para la defensa de lo que son sus intereses puramente privados«, plantean.
Además, denuncian ante la Fiscalía que este letrado se encuentra involucrado en las tareas de la misma comisión como “secretario accidental” en reemplazo del secretario insular titular. Por eso, ha tenido acceso a las actas y ha asistido a dos de las reuniones del órgano.
Por eso, se refieren a un «evidente conflicto de intereses«.
