La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este martes al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro José Luis Ábalos por su presunta implicación en la trama de contratos de mascarillas durante la pandemia, un caso en el que también pide 19 años y medio para su antiguo asesor, Koldo García, y 7 años para el empresario Víctor de Aldama. La acusación formaliza así las imputaciones por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada en el conocido ‘caso Koldo’, que se investiga desde 2023.
Acusación formal contra Ábalos, Koldo y Aldama
El escrito firmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, detalla que el exministro habría favorecido adjudicaciones públicas durante la crisis sanitaria a cambio de retornos económicos. El Ministerio Público exige para él una multa de 3,9 millones, además de embargos y decomisos que superan los 430.000 euros. La Fiscalía sostiene que Ábalos utilizó su cargo durante la pandemia para facilitar contratos presuntamente irregulares a empresas vinculadas a la trama, una investigación que ya llevaron a fase de juicio los autos dictados el 3 de noviembre por el instructor del Supremo Leopoldo Puente.
Multas millonarias y responsabilidad civil
Koldo García, considerado por Anticorrupción como el “alter ego” del exministro, afronta la misma acusación estructural y la misma multa económica. Ambos deberán indemnizar “conjunta y solidariamente” a Ineco (34.477,86 euros) y Tragsatec (9.500,54 euros) por los perjuicios causados en los contratos investigados. La Fiscalía reclama igualmente el decomiso de, al menos, 430.298,4 euros, que identifica como beneficio ilícito derivado de las operaciones de cohecho.
Atenuante para Aldama tras su confesión
El empresario Víctor de Aldama, a quien el escrito sitúa como “conseguidor” de la red, se enfrenta a 7 años de cárcel al aplicársele la atenuante de confesión. Anticorrupción subraya que sus declaraciones en 2024 ante la Audiencia Nacional fueron “relevantes, veraces y coherentes con el material probatorio”, y que contribuyeron a detallar no solo la trama de mascarillas, sino otras operaciones relativas a obra pública que no habían trascendido entonces.
La relación Ábalos–Koldo
Según la acusación, el vínculo entre Ábalos y Koldo se gestó cuando el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán recomendó que García fuese contratado como conductor del entonces dirigente socialista. A partir de 2017, ya como trabajador del partido y posterior asesor en Transportes, Koldo habría actuado como “transmisor fiel” de las decisiones del ministro, una posición que, de acuerdo con el fiscal, le permitió intervenir en gestiones públicas y mediaciones vinculadas a contratos de emergencia durante la pandemia.
Anticorrupción mantiene que Koldo manejaba “fuentes ilegales de dinero en efectivo” de Ábalos, actuando de facto como testaferro, y que ambos obtuvieron beneficios junto a Aldama aprovechando su capacidad de influencia en distintas administraciones.
Un supuesto reparto de roles “muy eficaz”
El fiscal aprecia que los tres acusados acordaron un reparto de funciones orientado a captar empresas interesadas en contratar con el Estado durante la crisis sanitaria. Aldama localizaría a los empresarios, Koldo facilitaría el acceso institucional y Ábalos actuaría como autoridad capaz de orientar adjudicaciones, siempre a cambio de contraprestaciones económicas.
Entre los ejemplos descritos figuran reuniones con cargos de Hacienda, gestiones en la venta de mascarillas a Canarias y Baleares y la emisión de salvoconductos durante el estado de alarma para empresarios venezolanos. La acusación cita como una de las comisiones ilícitas el contrato de alquiler con opción a compra de un piso en el Paseo de la Castellana firmado por Aldama a favor de Ábalos.
Pagos y duración de la presunta red
El escrito indica que Aldama mantuvo pagos mensuales a Koldo de 10.000 euros entre octubre de 2019 y julio de 2022, periodo en el que la trama habría extendido su actividad a “distintas esferas administrativas”. La Fiscalía concluye que la organización tenía “vocación de permanencia” y que solo se debilitó tras la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio de Transportes.
