La Guardia Civil detuvo este miércoles a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas, según confirmaron fuentes del caso. Los arrestos se ejecutaron por orden del Juzgado Central de Instrucción número 6, que encabeza el magistrado Antonio Piña, en una causa bajo secreto de sumario en la que participa la Fiscalía Anticorrupción. La operación continúa abierta, sin detalles oficiales sobre el alcance exacto de la investigación.
Díez, tras su detención, quedó custodiada en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, según las mismas fuentes. La exmilitante socialista se ve así envuelta en un nuevo procedimiento judicial mientras mantiene otra causa en curso por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho, instruida por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid.
El papel atribuido a Díez en una presunta trama de favores y filtraciones
El juez Arturo Zamarriego interrogó a Díez el pasado 11 de noviembre, cuando la investigada defendió su inocencia ante las acusaciones de haber ofrecido favores a cambio de información sobre miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción. El instructor sostiene, no obstante, que la exmilitante y exconcejal socialista “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol, también investigados. El objetivo, según el auto, habría sido “recabar información comprometida o irregular” para “anular o malbaratar” investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.
Durante su declaración del pasado 17 de noviembre, Díez aseguró que mantuvo dos reuniones con Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, aunque subrayó que acudió a ellas “como periodista” y negó cualquier vínculo con el partido o la oferta de favores. La imputada repasó además su trayectoria profesional, recordando que en 2018 se incorporó a Enusa, empresa pública integrada en la SEPI, como “técnico de comunicación” tras un “previo proceso de selección”. Permaneció allí hasta 2021, cuando solicitó una excedencia para acceder a un puesto en Correos como jefa de Relaciones Institucionales.
La situación judicial de Fernández: absolución reciente y pagos de Servinabar
Vicente Fernández Guerrero, presidente de la SEPI entre 2018 y 2019, renunció al cargo tras su imputación en el caso Aznalcóllar, en el que finalmente fue absuelto la semana pasada junto a otros 15 acusados por la Audiencia Provincial de Sevilla al considerar que “no existen indicios de los delitos atribuidos y que se ha tratado de una acusación infundada”. Fernández negó en juicio haber dado “instrucción o recomendación” alguna a los funcionarios que evaluaron la adjudicación de la mina.
Pese a esa absolución, su nombre reapareció en julio cuando el PP lo citó en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, en relación con la empresa Servinabar, vinculada a Santos Cerdán y al empresario Antxon Alonso. Fernández se acogió a su derecho a no declarar, alegando su situación procesal. Los senadores preguntaron por los pagos que recibió de la compañía y por sus posibles contactos con Díez, Cerdán, José Luis Ábalos o Koldo García.
Según la documentación remitida al Tribunal Supremo por la Hacienda Foral de Navarra, Fernández percibió 68.632,48 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023 de Servinabar, además de retenciones por 40.800 euros en 2022. Estos movimientos financieros forman parte del análisis que realizan los investigadores en el marco de la causa por las presuntas comisiones en obra pública.
