Mientras el Gobierno central planea poner en marcha el polémico Real Decreto de las directrices generales del chárter náutico para todo España, en el que habilita la posibilidad de arrendar embarcaciones de Lista Séptima durante tres meses al año, abriendo una especie de ‘Airbnb náutico’, el Govern balear prepara su contraofensiva: analiza retirar los amarres bases a los propietarios que utilicen tal opción en las zonas de los puertos autonómicos de gestión directa, como sucede en el de Sant Antoni, y rediscutir cánones con los adjudicatarios de gestión indirecta.
Así lo ha adelantado Antoni Mercant, director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern balear del que depende Ports IB, a La Voz de Ibiza.
“No entendemos por qué introducirse en esta regulación del chárter algo tan privado y que es una actividad comercial. Ellos tienen competencias en la seguridad marítima, por supuesto, en la certificación, en el despacho de buque, en los residuos, en las poluciones, en los vertidos. Tienen miles de atribuciones, de responsabilidades y de competencias, pero no la mercantil de la explotación del territorio”, ha manifestado.
Colisión de normativas
De forma paralela a la batería de medidas con las que el Govern pretende desincentivar el alquiler de embarcaciones privadas, está tramitando un nuevo decreto al que Marina Mercante ya ha expuesto su rechazo en las alegaciones presentadas por cuestiones competenciales.
La contraofensiva
Mercant ha adelantado que, en caso de ponerse en marcha la medida que favorece el alquiler de embarcaciones privadas, “tenemos que actuar de una manera distinta de la que estamos actuando ahora”.
El Govern maneja la idea de retirar el privilegio de contar con un amarre base, más económico, a los propietarios que decidan acogerse a tal beneficio de explotar sus embarcaciones particulares en los amarres que gestiona directamente y rediscutir los cánones que pagan los concesionarios de los puertos de gestión indirecta.
“Si hay una embarcación que tiene una utilidad recreativa y está amarrada en un puerto de gestión directa nuestra, pagando una tasa muy social y muy económica durante todo el año, y va a pasar a realizar esta actividad recreativa durante tres meses, no va a poder seguir pagando la misma tasa que está pagando ahora. Pasará a pagar la tasa de los que hacen esta actividad de chárter comercial”, ha detallado.
De esta forma, podrían perder su condición de base: “El propietario que tenga amarre base y se va a dedicar a comercializar la embarcación, nos va a crear tensiones en la lista de espera, esto está claro”.
“Una opción es que pudiera perder la base, decirle ‘pues oiga tendrá que ir a buscar otra instalación, una marina, un club náutico, otro sitio donde poder hacer esa actividad’. Y les daremos ese amarre a la siguiente embarcación de la lista de espera”, dijo Mercant.
El director general de Puertos y Transporte Marítimo del Govern balear dijo que Ports IB dispone de 4.300 amarres en todo Baleares y que cuenta con una abultada lista de espera: 7.000 embarcaciones.
Rediscutir los cánones
Por otro lado, con aquellos otros amarres que “están en gestión indirecta porque están en manos de un club náutico o de marinas privadas son ellos los que regulan la actividad interna de cada una de sus infraestructuras portuarias”.
En ese caso, si hay una instalación portuaria que decide que todas sus embarcaciones pueden arrendarse tres meses al año “el gestor portuario público, que somos nosotros, tendremos que hacer una revisión de su canon concesional. Porque si nace una nueva actividad en un determinado espacio público, esto genera un cambio de condiciones en el alquiler, digamos, en el canon concesional”.
“Tenemos conocimiento de que hay algún club náutico que no quiere, no solamente que las embarcaciones privadas se puedan arrendar, sino que tampoco quieren embarcaciones de Lista Sexta de chárter. Es decir, quieren ser puristas, quieren los socios, pues en la asamblea han decidido que no, que quieren ser solamente recreativos, más sociales, esto lo puede decidir la instalación portuaria”, sostuvo.
La otra pata de la discusión: la fiscal
Otra pata “de la que nadie dice nada, nadie lo comenta” –según Mercant es la “parte fiscal muy importante”.
“Todo esto es muy bonito, es decir, usted podrá alquilar su embarcación sin ningún problema tres meses, pero para esto tienes que darse de alta”, advierte.
“En el modelo 036 de la Agencia Tributaria, el listado de empresarios, tenedores, sean S.L. o sean autónomos, o sean comunidades de bienes, o sean lo que sea, tienen que darse de alta, sean españoles, sean extranjeros, sean extracomunitarios, y tienen que pagar sus correspondientes impuestos y tributar. Tienes que liquidar con la Agencia Tributaria la actividad que están realizando. Esto también es un aspecto que está allí, que tendrán que valorar”, apuntó.
El equilibrio marítimo al límite
Mercant advierte que esta flexibilización distorsionaría “el equilibrio que tenemos entre embarcaciones comerciales y embarcaciones recreativas”.
“En un enclave mediterráneo, que existe esta convivencia dual, se podría correr el riesgo de que hubiera más embarcaciones y crear una mayor saturación en el mar. Esto también es un tema que nos preocupa. Habida cuenta de que se encargó en la anterior legislatura un informe de carga de fondeo en las Islas Baleares que concluye que estamos en un límite, diríamos, de embarcaciones fondeadas en el litoral en los meses altos”, alertó.
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