El calendario para la reducción de la jornada laboral en el sector público entra en su fase decisiva. Si se cumplen las previsiones de la mesa de negociación, los empleados de la Administración General del Estado (AGE) comenzarán a trabajar 35 horas semanales a partir del próximo mes de marzo.
Esta medida supone un recorte de 2,5 horas respecto al horario actual (37,5 horas) y, lo más importante para los trabajadores, se aplicará sin ninguna reducción en sus salarios. Tras el visto bueno en la comisión técnica, el texto final deberá ser ratificado en la mesa general antes de su publicación oficial en el BOE.
¿A quiénes beneficia esta medida?
Se estima que la reforma impactará positivamente en unos 250.000 empleados públicos. Entre los colectivos incluidos se encuentran:
-
Personal de los diferentes ministerios.
-
Trabajadores de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
-
Empleados de organismos públicos, agencias estatales y entidades de derecho público dependientes del Estado.
En la práctica, cada departamento tendrá autonomía para organizar este ajuste, que podrá ejecutarse mediante una reducción de minutos diarios o, en muchos casos, eliminando una de las tardes de trabajo semanales.
Los colectivos que, por ahora, quedan fuera
A pesar del avance, el borrador actual ha encendido las alarmas en los sindicatos debido a la exclusión de sectores estratégicos. Actualmente, la medida no contempla a:
-
Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
-
Personal de Instituciones Penitenciarias.
-
Parte del personal docente y sanitario que depende directamente de la AGE.
Esta segmentación ha generado un fuerte rechazo sindical. Mientras que CSIF exige que las 35 horas sean una norma básica para todos sin excepciones, CCOO califica estas exclusiones como un obstáculo insalvable para firmar el acuerdo. Por su parte, UGT presiona para que se incluya al personal de prisiones mediante una regulación específica que respete sus turnos especiales.
Próximos pasos para su aplicación
Una vez que el Gobierno y los agentes sociales cierren el texto definitivo a principios de marzo, la Secretaría de Estado de Función Pública emitirá las instrucciones necesarias para reorganizar los turnos. El desafío no es solo burocrático: cada organismo deberá ajustar sus plantillas para garantizar que la reducción de horas no afecte la calidad del servicio ni la atención al ciudadano.
