El Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) ha rechazado el recurso presentado por la asociación PLIS Educación que reclamaba la imposición de al menos un 25 % de las clases en castellano en todos los centros educativos de las islas.
En una sentencia fechada el 1 de septiembre de 2025, el tribunal confirma la legalidad del modelo lingüístico balear y condena a la entidad recurrente a pagar las costas del proceso, con un límite de 3.000 euros.
En este contexto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB aclara en esta resolución que el modelo educativo balear cuenta con base legal propia y no puede equipararse al sistema de Cataluña, sobre el que se han dictado resoluciones que establecen ese mínimo del 25 % en castellano.
Según el tribunal, la asociación carece de legitimación suficiente para presentar esta demanda de carácter general, que afectaría a todos los centros de las islas.
Los alcances del fallo
El fallo señala que tanto la Ley de Normalización Lingüística como la Ley de Educación de Baleares de 2022 garantizan el aprendizaje de ambas lenguas oficiales, y establecen un mínimo del 50 % de docencia en catalán.
A su vez, los centros educativos tienen margen para definir sus proyectos lingüísticos según criterios pedagógicos, siempre dentro del marco legal vigente.
La sentencia recalca que dichos proyectos buscan asegurar el conocimiento de catalán y castellano, y que los planes lingüísticos revisados se ajustan al marco normativo, aplicando un número de horas en catalán que cumple con el mínimo exigido.
La demanda de PLIS
En su recurso, PLIS exigía que se modificaran todos los proyectos lingüísticos para incluir el castellano como lengua vehicular en, al menos, una materia troncal o equivalente, y que se garantizara el 25 % de docencia en esta lengua.
Según la asociación, la mayoría de centros «ignoraban» la normativa estatal y autonómica, y aseguraban que el cumplimiento era deficiente en el 93 % de centros de infantil y en el 80 % de primaria.
Sin embargo, el tribunal destaca que no se aportaron datos concretos ni se identificó ningún centro en particular que incumpliera la normativa.
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