La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) ha expresado su apoyo a la asociación Baleval, que ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consell de Ibiza que limita a 600 el número máximo de vehículos que puede operar cada empresa de rent a car en la isla.
Tanto el recurso presentado por Baleval como el impulsado por naviera Baleària han sido descartadas por la Justicia.
En un comunicado, Feneval se suma alas críticas a la medida. Considera que esta restricción perjudicará al sector y advierte de efectos inmediatos: reducción de flota, subida de tarifas y deterioro del servicio. Señala, además, que la medida podría afectar negativamente a la imagen turística de la isla.
Críticas por falta de análisis y efectos sobre la competencia
La patronal argumenta que la norma genera inseguridad jurídica, rompe la equidad del mercado y cuestiona las condiciones con las que se adjudicaron plazas en el aeropuerto. También critica que se señale al sector como responsable de la saturación cuando este, afirman, responde a una demanda turística preexistente.
El presidente ejecutivo de Feneval, Juan Luis Barahona, ha afirmado que esta normativa «rompe la equidad del mercado, limita la competencia y genera una clara inseguridad jurídica», asegurando además que «las administraciones públicas deben asumir su responsabilidad patrimonial por las consecuencias económicas que puede acarrear esta decisión, especialmente tras el concurso de Aena en el que se adjudicaron plazas para las compañías de rent a car bajo unas condiciones que ahora quedan en el aire».
Barahona también ha explicado que se está señalando a estas empresas de alquiler como las grandes culpables de la saturación «y se nos está olvidando que la propia industria no genera por sí sola demanda, sino que atiende a los turistas que deciden venir a nuestras fronteras por otros motivos. Se está atacando, por tanto, a la consecuencia y no tanto a la causa», ha insistido.
Desde Baleval han reiterado que «no hay un análisis de los escenarios posibles ni un plan de transporte alternativo» y, además, se carece de justificación técnica y proporcionalidad y no se aborda el estudio de alternativas de movilidad, ni sobre el impacto económico y social de esta limitación.
Tanto Feneval como Baleval solicitan que se suspenda su aplicación este verano y que en 2025 se utilicen datos objetivos para diseñar una estrategia de movilidad sostenible.
En esa línea, Feneval respalda la petición de Baleval de suspender la aplicación de la norma este verano y posponer su implantación hasta 2025, con datos contrastados sobre la movilidad en la isla.
