Baleares podría convertirse en la primera comunidad autónoma de España con una legislación específica para proteger los hoteles ante okupaciones irregulares.
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El Partido Popular ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) para modificar la actual Ley 8/2012 de Turismo de las Islas Baleares, con el objetivo de dotar al sector de herramientas jurídicas eficaces que permitan actuar con mayor rapidez ante este tipo de situaciones.
La propuesta plantea dos objetivos principales: prevenir nuevas okupaciones y agilizar el desalojo de personas que permanezcan en los alojamientos turísticos con fines ajenos a los contratados. Según el texto registrado, los clientes deberán ser informados explícitamente sobre las normas internas de cada establecimiento y las consecuencias de su incumplimiento.
Uno de los puntos más novedosos de la iniciativa es el refuerzo del derecho de admisión, que permitiría a los propietarios actuar sin necesidad de autorización judicial cuando se detecte una okupación.
A diferencia de lo que ocurre con las viviendas particulares, las fuerzas de seguridad podrían intervenir directamente para recuperar el inmueble. El PP sostiene que este mecanismo serviría para proteger la inversión, el empleo y la imagen del principal motor económico de las islas.
Respuesta a okupaciones recientes en hoteles de Mallorca
La medida llega después de varios episodios que han generado alarma en el sector hotelero. En enero, un grupo de ocho personas ocupó el apartahotel Sol i Mar de Cala Bona, cerrado por temporada baja.
Los ocupantes denunciaron por coacciones al establecimiento, mientras los responsables del hotel denunciaban actos vandálicos. El conseller de Turismo, Jaume Bauzà, acudió al lugar para mediar con los okupas, que abandonaron el inmueble días después.
Otros ejemplos recientes son el apartahotel Bellevue, en el Puerto de Alcúdia, que permanece clausurado desde su ocupación durante la pandemia, o un establecimiento similar en Cala d’Or, donde se produjeron daños significativos.
Según el PP, estos casos generan inseguridad jurídica, costes legales y un precedente muy peligroso para el sector.
Cambios legales dentro del marco turístico
La PNL presentada por el grupo parlamentario que lidera Marga Prohens contempla una modificación del régimen de derechos y deberes de los clientes turísticos, para subrayar la obligación de informar sobre las normas internas y permitir el desalojo inmediato en caso de incumplimiento o de uso fraudulento del alojamiento.
El PP defiende que la libertad empresarial no es absoluta y puede limitarse por razones imperiosas de interés general, sin vulnerar los derechos de los consumidores. Con esta reforma, los hoteleros podrán invocar el derecho de admisión en situaciones irregulares sin conculcar las garantías legales del cliente.
El cambio normativo no afecta a la ley estatal de vivienda, ya que se limita al ámbito de las competencias turísticas.
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