La ruta migratoria hacia Baleares se ha consolidado en 2025 como uno de los corredores más mortíferos y opacos del Mediterráneo occidental. Según el informe Monitoreo Derecho a la Vida 2025 de Caminando Fronteras, más de 1.000 personas han desaparecido solo este año en la ruta argelina, un trayecto que conecta directamente con las costas del archipiélago y que durante años fue negado por las instituciones como ruta migratoria. Ibiza y Formentera se han consolidado como destinos centrales de esa ruta, sobre todo la menor de las pitiusas.
Ese contexto, Helena Maleno, investigadora y fundadora de Caminando Fronteras, aporta una lectura más profunda: la ruta balear no es solo peligrosa, es un espacio donde se ensayan políticas que priorizan el control migratorio sobre la protección de la vida. Para Maleno, lo que ocurre en el mar alrededor de Baleares revela cómo Europa está entendiendo hoy el derecho a la vida en sus fronteras. En esta entrevista, la defensora de derechos humanos detalla las fallas en los rescates, el sesgo discriminatorio de los protocolos y el impacto directo que estas decisiones tienen en las familias que buscan a sus desaparecidos.
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Una ruta invisibilizada donde no todas las vidas cuentan igual
—Habláis de la ruta balear como una de las más opacas e invisibilizadas por las instituciones. En el día a día, ¿qué es lo que más está fallando? ¿La detección temprana, la activación del rescate o la coordinación entre autoridades?
—Efectivamente, es una de las rutas más invisibilizadas. Ya lo veníamos viendo desde hace años y en 2025 estamos viendo cosas terribles, vulneraciones de derechos humanos, tanto en los procesos de acogida como por la falta de un análisis real de los desafíos que presenta esta ruta migratoria. Desde hace tiempo venimos denunciando que es una de las rutas donde existe mayor arbitrariedad a la hora de activar protocolos de protección de la vida en el mar. Desde que en septiembre se declaró la emergencia, ha habido ajustes en los procesos de acogida para intentar garantizar derechos fundamentales, aunque todavía son insuficientes. Pero eso no ha sucedido, ni sigue sucediendo, cuando hablamos de la protección del derecho a la vida en el mar. Está fallando la activación: falla la transmisión de alertas, falla el análisis de esas alertas por parte de los servicios de rescate, falla la activación de medios y también la coordinación con países terceros responsables de esos rescates.
—¿Qué nos dice la ruta balear (tal y como está funcionando hoy) sobre cómo se está entendiendo el derecho a la vida en las fronteras europeas?
—Para nosotras, la ruta balear es un verdadero laboratorio de necrofrontera, de políticas de muerte. Lo decimos porque se dan varias circunstancias: primero, la invisibilización de la ruta durante años, y segundo, una criminalización no velada de las familias y de organizaciones sociales como la nuestra por parte de las administraciones públicas. Esto no lo vemos en otros lugares con la misma intensidad. Baleares se ha convertido en una frontera donde el odio y el racismo tienen un rédito político tan alto que se permite que sea una necrofrontera. Además, el enfrentamiento entre gobiernos que deberían colaborar, especialmente visible en cuestiones como la infancia, nos da pistas claras de cómo funcionan hoy estas políticas de muerte. Baleares es ahora mismo, desgraciadamente, un ejemplo europeo de malas prácticas.
—Cuando denunciáis demoras en la activación de los sistemas de búsqueda y rescate y el uso de búsquedas pasivas, ¿de qué estamos hablando en la práctica?
—Lo que estamos explicando es que los servicios de rescate apuestan mayoritariamente por protocolos de búsquedas pasivas cuando se trata de personas migrantes. Esto no ocurre, por ejemplo, si desaparece un yate. En ese caso se traza un área de búsqueda, se hacen cálculos y se lanzan medios aéreos de forma inmediata. En cambio, con las embarcaciones de personas migrantes se envía información a otros barcos de la zona “por si ven algo”, un método de mucho menor impacto. Sabemos que ahora mismo hay un avión de Frontex, pero Frontex no tiene como objetivo la protección de la vida, sino el control migratorio, que las personas no salgan o no lleguen. El problema es que cuando una persona ya ha salido y está en riesgo, los protocolos siguen teniendo un sesgo racista. No se toman las mismas decisiones que si la embarcación fuera un yate.
—¿Cuáles son los momentos clave y dónde se pierde tiempo cuando una embarcación se pierde?
—Es cierto que a veces las alertas de las familias llegan tarde y eso resta un tiempo crucial. Pero en cuanto se recibe una alerta deberían activarse protocolos que sí se aplicarían a cualquier otro tipo de embarcación, y eso no ocurre. Incluso en casos de embarcaciones posicionadas, el retraso en la activación genera situaciones de riesgo, algo que ha sido denunciado incluso por el Sindicato Unificado de la Guardia Civil en varios comunicados este año.
—¿Qué debería mejorar en la cooperación entre países implicados en esta ruta para evitar desapariciones?
—La cooperación entre países está basada en la externalización de fronteras: que no salgan o que no lleguen, da igual a qué precio. La protección democrática del derecho a la vida en el mar, señalada por Naciones Unidas, queda en segundo plano. Los países no se coordinan para salvar vidas, se coordinan desde una lógica de control sin respeto a los derechos humanos, y ahí es donde el derecho a la vida se está cayendo.
—¿Qué cambios concretos evitarían muertes en la ruta balear a corto plazo?
—Coordinación real entre países, protocolos garantistas con búsquedas activas, análisis de posiciones y uso de medios aéreos. Recordemos que Salvamento Marítimo es uno de los mejores del mundo, y su función debe ser proteger la vida sin preguntarse quién está en el mar o por qué. Esos protocolos existen, pero en la ruta balear no se están aplicando con las mismas garantías que en otros contextos o con otras personas.
La ruta de Argelia, no solo para argelinos
Una de las cuestiones sobre las que alerta el último informe anual de Caminando Fronteras es que las pateras que parten desde Argelia rumbo a Baleares (muchas de ellas a Ibiza y, especialmente, a Formentera) ya no llevan solo ciudadanos argelinos, sino también a quienes llegan a ese país escapando de Somalia y distintos puntos del Cuerno de África.
—¿Por qué personas del Cuerno de África están eligiendo ahora esta ruta hacia Baleares?
—Las rutas migratorias cambian muy rápido porque vivimos un momento de inestabilidad global extrema. Somalia atraviesa una situación muy grave y los acontecimientos recientes van a desestabilizar aún más la región. Muchas personas huían antes hacia Libia o Túnez. Hoy la situación de las personas migrantes negras en Túnez es incluso peor que en Libia, con una auténtica caza a la persona migrante. Europa, especialmente Italia, paga esa persecución. Ante ese contexto, Argelia aparece como un lugar algo más garantista, aunque también aplica deportaciones y desplazamientos forzados. Cuando estas personas se lanzan al mar, ya lo hacen en una situación de extrema vulnerabilidad.
—¿Estáis recibiendo consultas de familias que buscan a personas desaparecidas en el trayecto hacia Baleares?
—Sí, recibimos muchas consultas de familias de Somalia, Sudán, Mali o Burkina Faso. Hay embarcaciones enteras desaparecidas y otros casos de personas rescatadas por Argelia tras quedar a la deriva.
—¿Cómo es el acompañamiento a estas familias?
—Hay muchas deficiencias en el reconocimiento de sus derechos. Las personas fallecidas tienen derecho a ser identificadas y las familias necesitan certificados de defunción, por razones legales y también para poder cerrar el duelo. Acompañamos a familias que viajan a Baleares para denunciar desapariciones y muchas veces ese derecho no se garantiza, pese al enorme esfuerzo que realizan.
—Cuando una familia pierde el rastro de alguien que iba hacia Baleares, ¿qué protocolo se activa hoy?
—Nosotras activamos un protocolo propio de búsqueda de información, acompañamiento psicosocial e información sobre derechos. El principal obstáculo es la imposibilidad de muchas familias de desplazarse al Estado español, y también la falta de colaboración para pruebas de ADN desde consulados o embajadas, algo que el Ministerio de Exteriores no facilita.
