La Comisión Europea ha dejado claro que no tiene nada que decir sobre el proceso de regularización de migrantes lanzado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El comisario de Interior, Magnus Brunner, confirmó este jueves en Bruselas que la medida es una facultad exclusiva de España y que el Ejecutivo comunitario carece de competencias para intervenir en cómo un país gestiona a los extranjeros que ya viven en su territorio.
El pronunciamiento llega justo un día después de que España sacara adelante un decreto de urgencia que abre la puerta a legalizar la situación de hasta 500.000 personas.
Autonomía para cubrir el mercado laboral
Brunner evitó cualquier tipo de crítica o reproche hacia Madrid. Al contrario, señaló que cada Estado miembro es libre de decidir cómo reaccionar ante la mano de obra que necesita. «Es competencia de los Estados decidir cómo abordar la migración legal y los trabajadores que les hacen falta», explicó el político austríaco ante los medios.
Para Bruselas, se trata de una cuestión puramente interna: aunque la Comisión está al tanto de la nueva normativa española, Brunner insistió en que su papel no es regular, sino, en todo caso, «allanar el camino» para que cada Gobierno nacional adopte las soluciones que considere oportunas para integrar a quienes están en situación irregular.
Endurecimiento en las fronteras exteriores
Mientras España apuesta por esta regularización masiva, la Comisión Europea ha aprovechado la misma comparecencia para presentar una estrategia mucho más dura en el frente exterior. El objetivo ahora es utilizar los visados como moneda de cambio: se penalizará a los países que no colaboren en la repatriación de expulsados o que no frenen las salidas de migrantes.
Con esta postura, Brunner ha querido marcar una línea clara: una cosa es el control de quién entra en la Unión Europea (donde Bruselas sí quiere mano dura) y otra muy distinta qué hace cada país con las personas que ya están instaladas dentro de sus fronteras. En este último punto, España tiene, según la Comisión, vía libre para aplicar su propia ley.
