España se ha convertido en el único Estado miembro de la Unión Europea que se resiste a implementar el sistema de IVA franquiciado para trabajadores autónomos y pequeñas empresas.
Esta falta de alineación con el derecho comunitario ha forzado a la Comisión Europea a elevar el expediente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) tras agotar las vías previas de advertencia sin obtener una respuesta satisfactoria del Gobierno.
El conflicto: una directiva ignorada
El núcleo de la controversia reside en la transposición de dos directivas comunitarias que los países de la UE debían integrar en sus legislaciones nacionales antes de finalizar 2024. Estas normas pretenden simplificar la carga impositiva permitiendo un régimen de franquicia para quienes facturen menos de 85.000 euros anuales.
La Comisión ha advertido que España está legalmente obligada a transponer las disposiciones que permiten a sus empresas operar bajo este régimen en otros países del bloque, evitando así riesgos de doble imposición o vacíos legales en el mercado interior.
La presión de las organizaciones de autónomos
El conflicto escaló a finales de 2025, cuando la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) presentó una denuncia formal ante Bruselas. El colectivo sostiene que la posición del Ministerio de Hacienda supone una discriminación injustificada que penaliza a los pequeños profesionales frente a las grandes corporaciones.
Según los cálculos de la patronal, la entrada en vigor de esta medida permitiría un ahorro superior a los 500 millones de euros anuales para unos 770.000 trabajadores por cuenta propia en España.
Los argumentos de Hacienda frente a la norma comunitaria
El departamento que dirige María Jesús Montero ha justificado su rechazo basándose en que el modelo actual de fiscalidad española ya contempla mecanismos que harían innecesaria la adopción de la directiva. Sin embargo, esta postura choca con los criterios de los inspectores europeos, quienes insisten en que los regímenes simplificados actuales no equivalen a la franquicia armonizada.
La resolución del TJUE será vinculante y podría obligar al Ejecutivo español a realizar una reforma fiscal de gran envergadura para evitar sanciones económicas severas.
