La interventora del Consell de Ibiza, Marian Tur, pedirá penas que suman más de dos años de prisión para el presidente insular, Vicent Marí, en el escrito de acusación que presentará en el marco del caso “La Vida Islados”. La solicitud incluirá la apertura de juicio oral y se apoyará en la continuidad del procedimiento acordada por la Audiencia Provincial.
Según ha informado Radio Ibiza (Cadena SER), la acusación ejercida por Tur reclamará la transformación del procedimiento para que el instructor avance hacia el auto de apertura de juicio oral, una vez se dé traslado a las partes para sus respectivos escritos.
Cuatro delitos y penas de prisión
El escrito de acusación mantendrá hasta cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, lesiones psicológicas y coacciones, con una petición de prisión que superaría los dos años en total. El núcleo de la acusación se divide en dos bloques: por un lado, la contratación del vídeo promocional vinculado a la campaña “La Vida Islados”; por otro, las presuntas coacciones y acoso que la funcionaria atribuye al presidente.
Contrato de casi 250.000 euros en plena pandemia
El caso se remonta al verano de 2020, cuando el Consell de Ibiza tramitó por la vía de emergencia un contrato de casi 250.000 euros para la elaboración de un vídeo promocional turístico, en pleno impacto de la COVID-19. La investigación judicial nació por sospechas sobre cómo se adjudicó ese contrato y por la denuncia posterior de presiones a la interventora.
Como antecedente, el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza había acordado en diciembre de 2024 el sobreseimiento provisional; y el PSOE anunció entonces que recurriría esa decisión ante la Audiencia. Ese recurso —junto al de la interventora— es el que desemboca en la fase actual.
Qué dice la Audiencia y qué deja vivo
El paso procesal que empuja ahora la presentación de los escritos se apoya en el auto de la Audiencia Provincial que, según la información difundida en los últimos días, avala el encaje del procedimiento de emergencia en aquel contexto, pero mantiene el procedimiento por la adjudicación concreta del contrato y por las coacciones denunciadas. Ese “doble carril” explica que la causa no se cierre pese a que una parte del debate (la emergencia en sí misma) quede descartada como reproche penal.
En su intervención pública recogida por Radio Ibiza, David Salvà, abogado de Tur, cuestiona la instrucción y califica el trabajo del juez instructor de “desastrosa”, además de señalar que su representada está “contenta” con la reapertura, aunque continúa con secuelas psicológicas derivadas de lo vivido.
Reacciones y marco político
En el plano político, el caso sigue generando choque entre bloques. El Consell ha defendido en sus comunicados que la Audiencia respalda la contratación de emergencia, subrayando el contexto extraordinario de 2020 y recordando que el archivo provisional contó con el criterio favorable del instructor y con la oposición de la Fiscalía a los recursos.
Por su parte, el PSOE ha sostenido que la continuidad del procedimiento impide presentar la resolución como un cierre del caso y ha pedido responsabilidades políticas, mientras el PP ha respaldado a Marí y ha tildado el asunto de “artificial”, según comunicados difundidos estos días por las formaciones.
