El director general de InAtlas, Luis Falcón Martínez de Marañón, defendió que el problema de la vivienda en Ibiza no puede afrontarse con recetas simples ni centrando todo el esfuerzo en un único frente. Antes de participar este jueves en la jornada “Habitatge a Eivissa: hi ha solucions màgiques?”, en la sede de la UIB, Falcón insistió en que las soluciones deben ser “multivariables” y estructurales.
“No existe una solución mágica”, subrayó en los micrófonos de Radio Ibiza, durante el programa Hoy por Hoy para Ibiza y Formentera, donde explicó que la presión residencial en la isla exige medidas combinadas que vayan más allá de perseguir la oferta turística ilegal.
Diagnóstico con datos: menos oferta turística operativa
El responsable de InAtlas, empresa especializada en análisis territorial y Big Data, defendió la importancia de dimensionar el problema con datos. Según expuso, la oferta de vivienda turística operativa en Ibiza se ha reducido de 4.000 a 2.000 unidades en el último año, una caída significativa que atribuye a cambios normativos, acuerdos con plataformas y labores de inspección.
Además, recordó que Hacienda cuenta con trazabilidad de las transacciones online y que cientos de miles de propietarios en España declaran ingresos por alquiler turístico, lo que, a su juicio, permite acotar mejor la ilegalidad y evitar diagnósticos sobredimensionados.
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Perseguir el fraude es necesario, afirmó, pero “no puede ser el único eje del debate”.
Más suelo y colaboración público-privada
Entre las principales soluciones que plantea está la disposición de suelo público para promover vivienda a precio limitado. Para Falcón, sin una política activa de suelo es imposible aumentar la oferta residencial en una isla con límites físicos evidentes.
A ello suma la necesidad de impulsar acuerdos público-privados que permitan desarrollar promociones y rehabilitar edificios en plazos razonables. “Hay que ir un paso más allá”, defendió, insistiendo en que restringir sin generar nueva oferta solo desplaza el problema.
Alojamiento específico para trabajadores temporales
Uno de los puntos centrales de su planteamiento es la creación de vivienda específica para trabajadores de temporada en espacios dotacionales.
Ibiza concentra gran parte de su actividad económica en pocos meses, lo que provoca una fuerte llegada de empleados temporales que compiten directamente con los residentes por el alquiler anual. Para Falcón, habilitar alojamientos específicos para este colectivo reduciría la presión estructural sobre el mercado de larga duración.
“Hay que habilitar servicios de vivienda para la población temporal”, sostuvo.
Limitar precios, pero con contratos largos y garantías
Sobre la limitación de precios en zonas tensionadas, el experto no se mostró contrario como medida coyuntural, pero advirtió de que debe ir acompañada de garantías para el propietario.
Propuso establecer contratos de 12 años como contrapartida a la regulación de rentas, ofreciendo estabilidad a quienes pongan su vivienda en alquiler.
Además, defendió que el Estado debe asumir el riesgo social en caso de impago. “No puede ser el privado el que cargue con la acción social”, afirmó, rechazando que los propietarios soporten durante años la falta de pago sin respaldo institucional.
Lo que no aconseja: prohibiciones difíciles de aplicar
Falcón también se mostró escéptico ante la propuesta de prohibir la compra de vivienda a extranjeros no residentes. A su juicio, se trata de una medida difícil de fiscalizar y que podría entrar en conflicto con el marco jurídico europeo.
“No creo que ese sea el debate central”, apuntó, defendiendo que la prioridad debe ser aumentar la oferta y ordenar el territorio.
Tampoco considera acertado centrar toda la narrativa en la vivienda turística ilegal. Aunque insiste en que debe perseguirse, sostiene que el problema del acceso a la vivienda es más amplio y responde a factores estructurales: limitación física del territorio, alta demanda, presión estacional y escasez de suelo disponible.
Un problema estructural que requiere planificación
Ibiza, recordó, es un territorio sin área metropolitana, con fuerte marca internacional y elevada generación de empleo estacional. En este contexto, la planificación territorial y la política de suelo resultan determinantes.
Para el director de InAtlas, el reto no pasa por atajos ni prohibiciones simbólicas, sino por combinar regulación, generación de nueva oferta, seguridad jurídica y colaboración entre administraciones y sector privado.
“Si la actividad económica no sirve para dar servicio a la población, ¿qué sentido tiene?”, planteó, insistiendo en que la solución al problema de la vivienda exige una estrategia sostenida en el tiempo y basada en datos, no en eslóganes.
