Desde delitos de prevaricación hasta falsedad documental, por los incumplimientos flagrantes y deliberados de los requisitos para cubrir cinco plazas del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Formentera, además de paralizar durante un año el expediente para beneficiar principalmente a un bombero y así pudiera acceder al cargo, el juicio contra los altos cargos de la cúpula anterior de Gent per Formentera ya tiene fecha: las audiencias serán el 28, 29 y 30 de abril.
Tal como avanzó La Voz de Ibiza, Jaume Ferrer Ribas, Sonia Cardona Ferrer, Silvia Margarita Tur Ribas e Isidor Torres Mayans deberán sentarse en el banquillo de los acusados ante la Audiencia Provincial Sección Nº1 en Palma de Mallorca por el amaño en el nombramiento de bomberos colaboradores del Consell Insular, con el objetivo de beneficiar a Carlos Marí Mayans, hijo del actual conseller José Marí Mayans, del mismo grupo político.
El 22 de septiembre de 2022, tras cinco años y medio de investigación, la jueza Carmen Martín Romero, del Juzgado de Instrucción Nº 3 de Ibiza, emitió el auto de apertura del juicio oral contra los acusados, acto que desveló el año pasado este medio.
Los cuatro imputados en la investigación han sido citados a las audiencias, según han confirmado fuentes allegadas a la causa.
Un traje a medida
Tal como informara en diciembre pasado La Voz de Ibiza, el traje a medida comenzó a confeccionarse el 3 de septiembre de 2011, cuando se publicaron las bases para la selección “de bomberos colaboradores del Consell de Formentera” mediante la publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares Nº131.
Allí se detallaba el “reglamento interno del Servicio de Extinción de Incendio y Salvamentos del Consell por el que se regulaban los requisitos para cubrir las cinco plazas de bombero colaborador presupuestadas por la propia corporación”.
Uno de los requisitos indispensables era poseer permiso de conducir C “o conseguirlo en un término máximo de cuatro meses, de igual manera que se exigía la toma de posesión y/o aceptación formal del cargo una vez realizado el llamamiento para el supuesto de aprobación del proceso selectivo”.
El incumplimiento de este significaba la expulsión del aspirante y la convocatoria al siguiente seleccionado de la lista.
El 2 de noviembre de 2012 se dictó un decreto de presidencia del área de Medio Ambiente del Consell Insular de Formentera por el que se aprobaban las calificaciones provisionales de los siete participantes al proceso.
Todo a pesar de que había tres aspirantes imposibilitados para acceder al puesto: “Marí contaba en el momento de los hechos con solamente 19 años de edad (nació en enero del año 1993) y por tanto estaba incapacitado para poder obtener el permiso de conducción C, el cual exige tener la edad de 21 años; por su parte, Calzado, consta que en el momento de la aceptación del cargo (8 de enero de 2013) no contaba con el permiso de conducción y tampoco lo obtuvo en el plazo exigido por el reglamento de cuatro meses; y por último, Espinosa, en octubre de 2012 renunció expresamente al nombramiento que se efectuaría cuatro meses después (enero de 2013)”.
El fiscal de la causa pudo establecer que “los acusados, de común acuerdo, con absoluto desprecio por las bases establecidas y obviando por completo la normativa que imperaba el proceso selectivo, teniendo el pleno control y dominio del hecho, decidieron efectuar el nombramiento de Carlos Marí Mayans, Carlos Calzado Fernández y Antonio Espinosa, para favorecerlos en la obtención del puesto de trabajo en detrimento de otros participantes”.
Expediente paralizado por un año
Además de las irregularidades descritas, los acusados utilizaron otra artimaña: paralizar el expediente durante un año hasta que Marí Mayans tuviera la edad suficiente para tener su carnet de conducir correspondiente.
Esta dilación indebida e injustificada en el procedimiento fue destacada en la sentencia por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 de Palma, que determinó reconocer al denunciante Rubén Castellar Lozalo –perjudicado por este amaño- la condición de “bombero colaborador desde enero de 2013 (fecha en que efectivamente debería haber sido llamado como trabajador)” e indemnizarlo con 80.199 euros.
La renuncia de Antonio Espinosa fue la excusa perfecta para paralizar más de un año el expediente, tiempo suficiente para que Marí Mayans cumpliera los 21 años para obtener el permiso C y poder nombrarlo, lo que se produjo el 15 de mayo de 2014.
El fiscal concluye que, “en el ejercicio de sus funciones y puestos de común acuerdo decidieron arbitrariamente beneficiar a determinadas personas en un procedimiento de selección de bomberos colaboradores del Consell de Formentera. A tal fin dictaron cuantas resoluciones fueron necesarias, realizaron las gestiones y omitieron los actos a los que venían obligados con infracción de la normativa aplicable y sin justificación alguna”.
Sigue en su cargo
A pesar de la sentencia civil y la investigación penal, Marí Mayans continúa ostentando el cargo de bombero de Formentera. Se trata del hijo de José Marí Mayans, actual integrante de la Comisión de Código Ético y Buen Gobierno, quien firmó el sesgado informe contra el presidente del Consell Insular, Llorenç Córdoba, que ha derivado en la moción de censura impulsada por GxF y PSOE y que ha tenido el aval de Sa Unió que cedió ante las exigencias de los grupos de izquierda.
Marí Mayans logró consolidar su puesto como funcionario público y hasta ha llegado a ser jefe en el Cuerpo de Bomberos del Consell Insular de Formentera.
Para defenderse, remitió un surrealista escrito a la redacción de La Voz de Ibiza en el que se presenta como víctima e intentó desacreditar las informaciones publicadas por este medio con afirmaciones tangenciales sobre aspectos no publicados.
En ese momento, aseguraba que las noticias publicadas en La Voz de Ibiza sobre el trato de favor que recibió, acreditado en sentencia del tribunal contencioso administrativo y que ahora será juzgado en la vía penal, vulneran «por intromisión ilegítima mis derechos al honor, propia imagen e intimidad personal» y que «son manifiestamente inexactas (sin decir en qué punto ni aspecto lo son a su entender)» y que «me aluden directamente, por cuanto me vinculan con una pretendida y no demostrada red mafiosa de la isla de Formentera y con procedimientos judiciales en los que no he sido parte».
El argumento para sostener tales afirmaciones es de lo más surrealista. Y es que el bombero enchufado por la anterior cúpula de GxF asegura en todo momento que su padre, el conseller ético de GxF en la actualidad y en el pasado mandato, José Marí Mayans, no era conseller en el momento en el que se produjo el enchufe. Algo que nunca ha sido publicado por este medio y que es rigurosamente cierto.
Quién es quién
- Jaume Ferrer Ribas, ex presidente del Consell Insular de Formentera cuando se produjeron los hechos.
- Sonia Cardona Ferrer, ex vicepresidenta primera y consellera de Cultura, Educación y Patrimonio cuando sucedieron los hechos, quien es la actual secretaria general de GxF, cuya familia además es la propietaria de El Caminito, beneficiada con una controvertida licencia exprés con irregularidades
- Silvia Tur Ribas, ex consellera de Medio Ambiente, Industria y Energía, quien además fue diputada en el Parlament y que perdió las últimas elecciones ante la candidatura encabezada por el todavía presidente, Llorenç Córdoba. Arrancó el presente mandato como consellera de la oposición hasta que presentó su dimisión.
- Isidor Torres Mayans, ex gerente del Consell de Formentera acusado en su momento de contratar al estudio de arquitectura de su cuñado para la elaboración de dos informes urbanísticos sobre la Savina y Sant Ferran. Es hijo del ex alcalde Isidor Torres.
Los tres primeros se sentarán en el banquillo de los acusados por ser supuestamente responsables civiles directos por delitos de prevaricación, mientras que Torres Mayans deberá rendir cuentas por el delito de prevaricación administrativa y falsedad documental.
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