CRISIS MIGRATORIA

Las medidas antimigratorias aplicadas por Italia y Australia que pide copiar Marga Prohens

La presidenta del Govern defendió la necesidad de endurecer la política migratoria en Baleares y pidió seguir el ejemplo de Italia y Australia, dos países que han reforzado el control de sus fronteras con medidas como la externalización de migrantes hacia terceros Estados, la detención obligatoria o los centros de repatriación. “Son necesarias e imprescindibles”, aseguró.

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Marga Prohens, presidenta del Govern balear.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado la adopción de medidas más contundentes contra la inmigración ilegal, en línea con las políticas que ya aplican Italia y Australia

La líder del Ejecutivo balear ha insistido en que estas iniciativas son “necesarias e imprescindibles” para gestionar el aumento de llegadas en las islas, que, en sus palabras, se han convertido en “frontera sur de Europa” y en “la ruta que más crece en todo el continente” en entrada de personas migrantes.

En una entrevista en Onda Cero, Prohens ha manifestado que, mientras hace una década apenas arribaban unas veinte personas al año, en la actualidad ya se ha superado la cifra total registrada en 2024. 

Prohens ha subrayado que el Gobierno central se niega a reconocer que la ruta balear “está consolidada” y ha recordado que quince personas permanecen desaparecidas en las costas de Mallorca tras intentar llegar en patera.

La presidenta calificó la situación como una auténtica “emergencia”, pese a lo que afirme Madrid, y apuntó que actualmente los Consells Insulares tutelan a más de 690 menores migrantes no acompañados

“Hay que actuar en origen y lanzar el mensaje de que no podemos ser la puerta de entrada de Europa ni acoger a todo el mundo”, afirmó. Preguntada sobre si vería con buenos ojos medidas drásticas como las que aplican Italia o Australia, fue tajante: son “necesarias e imprescindibles”.

Además, ha remarcado que especialmente Ibiza y Formentera se han transformado en “frontera sur de Europa. Nos hemos convertido ahora mismo en una de las principales puertas de entrada de la inmigración irregular en todo el continente europeo. No en vano somos la ruta que más crece, no de toda España, sino de toda Europa».

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Las cifras

«Estamos ya en 5.000 las personas que han llegado, ya es más que todo 2024, que fue ya un año muy complicado a nivel de inmigración irregular», ha declarado Prohens.

No obstante, sostuvo que “se nos sigue negando que somos una ruta consolidada, cuando este verano salió otra información que es que cada dos horas llega una patera en algún lugar de nuestras costas. Y cuando en estos momentos el drama, la cara más dura de este drama humanitario que es la inmigración irregular, sigue habiendo 15 personas desaparecidas, en este caso en Mallorca, que todavía no se han podido localizar”. 

“Vemos muertes diarias en el mar Mediterráneo, y vemos que hay unas mafias que trafican con seres humanos, que trafican con la vulnerabilidad de estos seres humanos, que son los que se están beneficiando de esta falta de medios, de esta falta de control de nuestras fronteras”, expuso. 

Por eso, ha reclamado “actuar en origen” para enviar “un mensaje muy claro en origen de que no podemos ser puerta de entrada de Europa, de que no podemos acoger a todo el mundo, de que estamos ya en una situación de emergencia total y absoluta”. 

«Vemos Alemania cómo está tomando medidas, vemos Reino Unido, vemos Dinamarca, vemos todos los países europeos prácticamente, menos España, que están tomando medidas contundentes, lanzando un mensaje contundente. Y, sobre todo, acabando con aquellas políticas que puedan tener un efecto llamada a nuestra ciudad», dijo Prohens en Onda Cero.

Las referencias de Italia y Australia

Prohens tomó como ejemplo dos modelos internacionales que en los últimos años han endurecido su gestión de la inmigración irregular: Italia y Australia. 

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Por el lado del país europeo, ha externalizado parte del control migratorio con un acuerdo con Albania, mediante el cual desplaza a migrantes interceptados hacia centros de recepción en ese país, financiados con más de 200 millones de euros por parte del Gobierno italiano.

Esta estrategia que la presidenta Giorgia Meloni ha impulsado busca disuadir las llegadas irregulares y reforzar su posición diplomática. 

A su vez, ha reforzado sus Centros de Permanencia para Repatriaciones (CPR), donde permanecen los migrantes en situación irregular hasta su expulsión. Estos centros son la evolución de una red de internamiento que existe desde finales de los años noventa.

También introdujo procedimientos fast-track de devolución para quienes provienen de países considerados “seguros”, aunque el Tribunal de Justicia de la UE ha advertido sobre la necesidad de respetar garantías judiciales.

El llamado Decreto Cutro (2023) y otras normas posteriores han restringido el acceso al asilo y endurecido los requisitos para la reunificación familiar, que ahora exige al menos dos años de residencia legal continuada.

También se han impuesto limitaciones a las ONG de rescate en el Mediterráneo, obligándolas a dirigirse a puertos alejados y dificultando las operaciones de salvamento.

Por su parte, Australia mantiene desde 1992 la política de detención obligatoria para toda persona sin visado válido, sin límite máximo de tiempo.

Allí se aplica el procesamiento en terceros países, es decir no tramita las solicitudes de asilo dentro de su territorio. En lugar de permitir que los migrantes que llegan irregularmente entren al país para iniciar allí su proceso, los envía a centros de detención situados en otros países, principalmente en Nauru (una isla-Estado del Pacífico) y, hasta hace poco, en Manus Island (Papúa Nueva Guinea).

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En esos centros, las autoridades australianas deciden si la persona puede ser reconocida como refugiada o debe ser deportada.

En tanto, sus fuerzas fronterizas interceptan barcos en alta mar y devuelven a sus ocupantes, enviando el mensaje de que “nadie que llegue de forma ilegal podrá establecerse en Australia”.

Tras la sentencia de la Corte Suprema de 2023 que cuestionó la detención indefinida, el Gobierno aprobó leyes más duras para acelerar deportaciones, limitar recursos judiciales y sancionar con cárcel a quienes se resistan a la expulsión.

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