La sanción impuesta por Inspección de Trabajo al club de baloncesto Ciutat d’Inca ha encendido las alarmas en el deporte balear. El caso ha provocado inquietud entre los clubes, que temen verse afectados por denuncias similares, lo que ha llevado al Govern balear a activar una respuesta inmediata para ofrecer soluciones y garantizar la legalidad en la contratación y remuneración de entrenadores, delegados y otros colaboradores.
La Direcció General d’Esports del Govern, encabezada por Joan Antoni Ramonell, ha convocado para el próximo jueves 27 de marzo una reunión urgente con los cuatro consells insulars —Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera—, así como con las principales federaciones deportivas del archipiélago, especialmente aquellas con mayor volumen de licencias. El objetivo es trasladar herramientas legales y coordinar un plan de actuación que evite más sanciones como la recibida por el club de es Raiguer, según informa Ultima Hora.
El contrato de voluntariado, clave para regularizar la situación
Uno de los instrumentos que se pondrá sobre la mesa será el contrato de voluntariado deportivo, regulado por la Ley 45/2015 de Voluntariado y por normativas autonómicas en algunas comunidades. Desde el Govern se pretende lanzar una campaña informativa y formativa, canalizada a través de las federaciones, para facilitar a los clubes una hoja de ruta legal que permita seguir funcionando sin riesgos administrativos ni económicos.
«Planteamos poner en marcha un plan de formación para informar a los clubes y que puedan hacer las cosas bien y evitarse problemas», explicó Ramonell en una entrevista concedida a Fibwi Radio. Esta medida busca especialmente proteger a los clubes modestos, muchos de los cuales funcionan gracias al trabajo desinteresado de personas que, en algunos casos, perciben pequeñas remuneraciones.
Bonificaciones a la Seguridad Social y ayudas para los gastos de gestoría
Ramonell recordó que los entrenadores que trabajan con menores de edad pueden acogerse a la bonificación del 100% de las cuotas a la Seguridad Social, lo que supone coste cero para los clubes, aunque sí genera gastos de gestoría para los entrenadores. Por ello, se está estudiando la posibilidad de que dichos costes puedan ser cubiertos con ayudas públicas, con el fin de no penalizar a los implicados.
Asimismo, el Govern se plantea extender estas bonificaciones también a las federaciones deportivas, una propuesta que será debatida en la reunión del 27 de marzo, en lo que será la primera toma de contacto formal para abordar la regularización laboral en el deporte balear.
Una denuncia anónima, el origen del caso
El detonante de esta reacción institucional fue una denuncia anónima ante Inspección de Trabajo, que derivó en una fuerte sanción económica al Ciutat d’Inca, club de referencia en la comarca de es Raiguer. La noticia ha provocado un efecto dominó de preocupación en otros clubes, que ven en el caso un precedente peligroso para su continuidad, especialmente si no cuentan con el respaldo de las administraciones.
Con esta ofensiva informativa, el Govern pretende anticiparse a nuevos expedientes y evitar que clubes, técnicos y voluntarios acaben inmersos en conflictos legales que podrían incluso desembocar en la desaparición de entidades deportivas esenciales para el tejido social de las islas.
