JUSTICIA

Los patrones de dos veleros se declaran culpables por el accidente mortal en Ibiza

Los responsables de los veleros Shambala y Batucada han alcanzado un acuerdo de conformidad por el accidente ocurrido en aguas de Ibiza en el que falleció una mujer belga, lo que evita el juicio penal y deja pendiente la resolución de la responsabilidad civil.

Dársena poniente del puerto de Ibiza
Dársena poniente del puerto de Ibiza

Los patrones de los veleros Shambala y Batucada, implicados en la colisión ocurrida en julio de 2020 en aguas de Ibiza en la que falleció una mujer belga de 46 años, han alcanzado un acuerdo de conformidad con las acusaciones por el que aceptan penas de prisión, evitando así la celebración del juicio penal.

Según lo acordado, el patrón del Batucada, embarcación de uso privado, ha aceptado una condena de un año de prisión, mientras que el patrón del Shambala, que realizaba actividades de alquiler náutico, ha asumido una pena de un año y seis meses de cárcel. En ambos casos, las penas han quedado suspendidas, al no contar los acusados con antecedentes penales, según ha informado Gaceta Náutica.

El siniestro tuvo lugar el 26 de julio de 2020, alrededor del mediodía, en las inmediaciones del islote de Castaví, cuando ambos veleros colisionaron. Como consecuencia del impacto, una de las ocupantes del Shambala sufrió heridas de extrema gravedad y falleció poco después.

El acuerdo ha dejado sin efecto el juicio previsto en el Juzgado de lo Penal número 1 de Ibiza, aunque el procedimiento judicial continúa abierto en lo relativo a la responsabilidad civil. En este ámbito, la aseguradora de la embarcación Shambala sostiene que el siniestro no está cubierto por la póliza, al no haberse comunicado el cambio de uso del barco de privado a Lista 6ª, correspondiente a embarcaciones de chárter.

En el momento del accidente, el Shambala transportaba a ocho pasajeros, además del patrón y una tripulante, mientras que el Batucada navegaba con cuatro personas a bordo.

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En la fase previa al acuerdo, la Fiscalía solicitaba dos años de prisión y una pena de inhabilitación para ambos acusados, mientras que la acusación particular reclamaba condenas de hasta dos años y medio de cárcel. El pacto alcanzado ha permitido reducir las penas y cerrar la vía penal, quedando pendiente la resolución de las posibles indemnizaciones derivadas del suceso.

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