Con un amplio consenso que ha unido a las principales fuerzas parlamentarias, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a la reforma legal destinada a combatir la multirreincidencia. La normativa, que ahora inicia su trámite en el Senado, ha contado con el respaldo de 302 diputados de grupos como PSOE, PP, Junts, PNV y Vox, mientras que las formaciones de izquierda han mantenido su rechazo y ERC ha optado por la abstención tras pactar un refuerzo de la planta judicial en Cataluña.
El objetivo central de la norma es ofrecer una respuesta penal más contundente ante la reiteración de pequeños delitos, principalmente hurtos, que generan inseguridad en los entornos urbanos y dificultades de gestión para los ayuntamientos.
Endurecimiento de los castigos por hurtos y robos de móviles
El cambio más significativo de la nueva ley afecta a la forma en que se sanciona el robo continuado. Hasta ahora, el Código Penal exigía que el valor de lo sustraído superara los 400 euros en al menos tres condenas para imponer penas de cárcel. Con el nuevo texto:
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Penas de prisión automáticas: se podrá imponer una condena de entre seis y dieciocho meses de cárcel a quienes acumulen tres delitos de la misma naturaleza, incluso si el valor de lo robado es inferior a 400 euros (delitos leves).
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Protección de dispositivos tecnológicos: el robo de teléfonos móviles, tabletas o cualquier dispositivo de comunicación recibirá un castigo específico. En caso de multirreincidencia, las penas oscilarán entre uno y tres años de prisión.
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Excepción comercial: a propuesta del PP, se ha matizado que este endurecimiento no se aplicará a los hurtos de dispositivos que estén en exposición o almacenes comerciales, centrándose así en el robo a ciudadanos.
Nuevos delitos: estafas y el fenómeno del «petaqueo»
La reforma también extiende su alcance a otras modalidades delictivas y técnicas logísticas del crimen organizado:
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Fraudes y estafas: se aplicará el mismo criterio de multirreincidencia a los delitos de estafa. Tres condenas previas permitirán imponer penas de hasta tres años de cárcel, independientemente de la cuantía estafada.
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Lucha contra el narcotráfico: la ley tipifica como delito el denominado «petaqueo». Esta práctica, habitual en zonas como el Estrecho, consiste en el suministro de combustible en alta mar a las narcolanchas mediante embarcaciones menores. El almacenamiento y transporte de estos combustibles sin cumplir la normativa se castigará con penas de uno a cinco años de prisión.
Mayor control judicial en casos graves
Asimismo, la normativa otorga mayores facultades a los juzgados desde las primeras diligencias. En situaciones de reiteración delictiva que afecten a bienes jurídicos graves (como homicidios, lesiones, trata de personas o delitos contra la libertad sexual), los jueces podrán aplicar medidas cautelares y de control más estrictas recogidas en el artículo 57 del Código Penal.
Tras el amplio apoyo recibido en la Cámara Baja, se prevé que el Senado ratifique el texto de forma definitiva en las próximas semanas, permitiendo que la ley entre en vigor sin necesidad de regresar al Congreso.
