“La ciudadanía responde”, ha valorado Vicent Riera, el vecino de Sant Antoni, afectado por la okupación del piso de su madre en la calle Bisbe Cardona. Además, ha expuesto su agradecimiento a la manifestación y la presión de los vecinos que consiguió el desalojo a la fuerza de los okupas de origen magrebí.
En tal sentido, manifestó que “ha habido una respuesta ciudadana. Cuando se ve que la policía está atada de manos y no puede hacer nada, la ciudadanía responde”, dijo.
Tras concretarse el traslado de los okupas al cuartel de la Guardia Civil y derivados a Servicios Sociales, el abogado de Riera confirmó que el viernes por la noche se pudo interponer la denuncia por el delito de usurpación. De todas formas, aún queda recuperar el inmueble, por lo que se solicitó una “medida cautelar para que la familia disponga de una resolución judicial”.
De todas formas, los habitantes de la zona se mantienen en alerta. La creciente preocupación ciudadana por los episodios de okupación y la falta de medidas efectivas ha llevado a muchos vecinos y comerciantes a tomar medidas.
Por eso, se han comenzado a instalar sistemas de alarma tanto para prevenir intrusiones como para disuadir posibles robos. Ante la incertidumbre y el temor a que se repitan episodios similares, algunos residentes han optado por tomar precauciones para proteger sus viviendas y negocios.
La sensación de vulnerabilidad ha aumentado en la zona y muchos consideran que, mientras no haya un cambio legislativo, estas situaciones seguirán ocurriendo.
Los afectados denuncian que la ausencia de medidas contundentes permitió que varias personas accedieran a una vivienda a plena luz del día, cambiando la cerradura sin que las fuerzas de seguridad pudieran intervenir de inmediato. La rápida reacción vecinal fue clave para forzar la salida de los okupas, aunque el malestar persiste.
