En Ibiza, un coche abandonado en la vía pública, con visibles signos de deterioro y sin custodia aparente, se convirtió en el inesperado centro de una historia que mezcla denuncias por mala praxis mecánica y acusaciones cruzadas.
Carlos Pavez, residente en Sant Antoni de Portmany, ha presentado una denuncia formal ante el Ayuntamiento por el presunto abandono de su vehículo en la vía pública por parte de un taller mecánico.
La historia comenzó con una avería y ha derivado en una reclamación por supuestos incumplimientos legales, falta de transparencia en la reparación y daños materiales sobrevenidos.
El coche fue fotografiado semanas después, expuesto al paso de otros vehículos, y aún sin respuesta clara por parte del establecimiento. Asimismo, el denunciante expone que la Policía Local, por su parte, no aplicó la ordenanza que impide dejar vehículos en la calle sin contrato de reparación o seguro en vigor.
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha sido consultado por La Voz de Ibiza, pero no ha respondido aún qué acciones está tomando por el caso.
También en redes sociales
Hace meses que este vecino ha denunciado públicamente en redes sociales las presuntas irregularidades de un taller mecánico en Ses Païsses. En su último post, hizo un llamado directo a los medios de comunicación de Ibiza para que visibilicen lo que califica como una “urgente situación de mala praxis”.
En el mensaje, Pavez señala que las denuncias contra el taller no solo apuntan a la calidad del servicio, sino también a un comportamiento ético cuestionable que, según él, ha puesto en riesgo la seguridad de vehículos y peatones.
Además, arremetió contra la Guardia Civil del cuartel de Sant Antoni por, presuntamente, seguir llevando vehículos oficiales al mismo establecimiento pese a tener conocimiento de los hechos.
Una avería que derivó en conflicto
El 24 de julio de 2024, Carlos Pavez solicitó una grúa para trasladar su Opel Mokka hasta un taller ubicado en el Ses Païsses localidad de Sant Antoni de Portmany. El coche había sufrido una avería que, según los primeros indicios, afectaba a la culata del motor.
La instrucción fue clara: realizar una evaluación completa y comunicar el coste de una posible reparación. Pero, según el relato del denunciante, la comunicación fue escasa y los hechos pronto se desviaron del procedimiento habitual.
Tras varios días sin noticias, en octubre el taller informó de que el coche estaba “reparado”, pero con una novedad inquietante: la caja de cambios —que no formaba parte de la avería original— había resultado dañada durante la intervención.
Se entregó entonces un presupuesto cerrado de 4.366 euros, con un listado de piezas que incluía desde juntas y casquillos hasta un bloque motor de segunda mano. Pese a la cuantía, el propietario asegura que no dio autorización formal para acometer la reparación.
¿Dónde está la garantía?
El listado de piezas instaladas —según el presupuesto— incluye un bloque motor de segunda mano, casquillos, kit de cadena y bujías de alto coste. Sin embargo, no consta en los documentos aportados ni un solo justificante de garantía por la intervención realizada.
La legislación española, citada por el denunciante, obliga a los talleres a informar por escrito sobre el origen, estado y duración de la garantía de los recambios, especialmente si no son nuevos. En este caso, el denunciante asegura que no se le informó ni se le ofreció ningún tipo de respaldo documental.
Esta ausencia, acusa el vecino, deja al consumidor sin herramientas legales claras para reclamar en caso de fallo o vicio oculto, un aspecto que se suma a la controversia sobre la falta de autorización previa a la reparación. Tampoco figura -insiste el denunciante- ninguna hoja de encargo firmada, lo que impide saber en qué momento y bajo qué condiciones se decidió intervenir en el vehículo.
Piezas, facturas y una larga espera
El presupuesto detallado incluía componentes por valores significativos: 624 euros por segmentos, 416 por bujías o 800 euros por el propio motor. La abogada que representa a la titular del coche envió entonces un requerimiento formal, reclamando los albaranes y facturas de compra, así como los tiempos de mano de obra empleados y sus tarifas.
Se basó en el Real Decreto 1457/1986, que obliga a los talleres a justificar documentalmente el origen y coste de las piezas utilizadas. A la fecha de esta publicación, el taller no ha entregado ninguna de estas pruebas.
Ni a la abogada ni al perito independiente, quien también solicitó la información directamente. Para los representantes legales del denunciante, esta ausencia podría indicar un intento de facturación de piezas no instaladas o, como mínimo, una mala praxis comercial.
El papel del perito
En un intento de esclarecer qué ocurrió exactamente durante la intervención mecánica, Carlos Pavez recurrió a un perito externo, especializado en automoción. El técnico, identificado en la documentación como “Fran”, acudió personalmente al taller a inicios de octubre para solicitar el listado de piezas sustituidas y su justificación documental. Según el relato del denunciante, el perito verificó entonces que la caja de cambios estaba rota, algo que no formaba parte del encargo original.
Pese a la insistencia, el taller no entregó ni piezas físicas ni facturas. El perito comunicó días después al propietario que no existía documentación justificativa de la reparación, ni constancia de que las piezas listadas hubieran sido efectivamente instaladas. Esta constatación técnica es uno de los elementos centrales que sustentan el reclamo legal y podría ser clave si el caso termina en los tribunales.
El coche, en la calle y con nuevos golpes
El conflicto tomó un giro inesperado cuando Carlos Pavez encontró su coche estacionado en la vía pública, en una zona residencial del municipio. El vehículo mostraba arañazos, abolladuras y señales de impacto recientes, visibles en las imágenes presentadas junto a la denuncia. La situación, según explica, se mantuvo durante semanas, sin que el taller reclamara el vehículo ni diera una explicación.
La ordenanza municipal de tráfico de Sant Antoni es clara: queda prohibido el estacionamiento de vehículos que deban ser objeto de reparación sin contrato en vigor.
Tampoco pueden ocupar la vía sin un seguro activo que cubra responsabilidades. Según el escrito presentado ante el Ayuntamiento, el taller habría vulnerado directamente esta norma. “Me dejaron el coche en la calle, dañado y sin darme solución. Ni entregan el vehículo ni aportan los papeles”, resume el denunciante.
Pruebas visuales y administrativas
Las imágenes del vehículo Opel Mokka aparcado en plena calle, con arañazos visibles, defensas dañadas y restos de suciedad por inmovilidad, forman parte del expediente entregado por Carlos Pavez al Ayuntamiento.
A ello se suman la denuncia administrativa firmada electrónicamente, varias capturas de pantalla de correos electrónicos y un total de cuatro fotografías fechadas que documentan el estado del coche semanas después de la supuesta reparación.
Esta batería de documentos sirve para reforzar la reclamación formal de que el vehículo fue dejado sin custodia y expuesto a más deterioro. En el expediente figura también una instancia firmada por medios digitales, con registro oficial, lo que refuerza el carácter formal de la denuncia y activa la posible respuesta del consistorio.
Inacción municipal bajo la lupa
Cuando Carlos acudió a la Policía Local para informar del abandono y solicitar que se obligara al taller a responder, se encontró con una respuesta que ha añadido una nueva capa al conflicto. Según el denunciante, un agente le indicó que el taller estaba en su derecho de dejar el vehículo en la vía pública, una interpretación que contradice el artículo 36 de la normativa local.
La instancia presentada el 9 de mayo de 2025 pide al Ayuntamiento que rectifique la actuación de la Policía, exija al taller los datos del seguro y abra expediente sancionador si procede. También se solicita que se apliquen las medidas contempladas en la ordenanza: desde multas hasta la retirada del vehículo y su traslado al depósito municipal.
Camino hacia los tribunales
Ante la falta de respuestas, la representación legal de la propietaria del coche ha enviado varios burofaxes, donde se solicita la entrega inmediata del vehículo, la documentación técnica y los comprobantes de reparación.
En uno de ellos se advierte que si no hay respuesta en cinco días, se acudirá a la vía judicial. “Es un caso de abandono, falta de profesionalidad y vulneración de derechos”, afirma.
El requerimiento incluye además una cláusula legal: la interrupción del plazo de prescripción, según el artículo 1.973 del Código Civil, paso previo a una demanda por estafa, daños y perjuicios o incumplimiento contractual. Para Carlos Pavez, no se trata ya de una disputa comercial.
La posibilidad de que el caso termine en los tribunales es real, y el resultado podría marcar un precedente para situaciones similares en la isla, donde el control sobre ciertos talleres sigue siendo escaso y las garantías para los consumidores, insuficientes.
