Tras el anuncio de que Ibiza y Formentera comenzarán a trasladar sus residuos a Mallorca en virtud de un plan piloto promovido por el Govern balear, el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha salido al paso para destacar que el acuerdo beneficiará directamente a los residentes de su isla.
«Eso repercutirá positivamente sobre la tarifa y por lo tanto beneficiará a los bolsillos de todos los mallorquines«, ha afirmado Galmés, quien ha asegurado que la medida permitirá una bajada del 10 por ciento en la tarifa de residuos a partir del próximo año, cumpliendo así uno de los compromisos de su legislatura.
El presidente insular también ha subrayado que el plan traerá consigo dos ingresos extraordinarios para Mallorca: uno por la entrada de las cerca de 85.000 toneladas de residuos procedentes de las Pitiusas, y otro por la venta de la electricidad generada tras su incineración.
“La planta de Son Reus no provoca ni provocará ningún problema. Actualmente funciona al 70% de su capacidad”, ha asegurado Galmés, quien ha querido disipar cualquier duda sobre la capacidad de la instalación para asumir la carga extra.
Durante su intervención, Galmés ha hecho hincapié en que solo durante los meses de julio y agosto, Mallorca gestiona por sí sola unas 60.000 toneladas de residuos, por lo que las cifras previstas entran dentro del margen operativo de la planta. Además, ha reivindicado la política ambiental de su equipo de gobierno, que ha evitado —según sus datos— el vertido de 14 millones de toneladas de residuos, equivalentes a unos 205 campos de fútbol.
“En Mallorca somos pioneros en normativas ambientales, incluso yendo por delante muchas veces de las que se aprueban en el Parlamento Europeo”, ha sentenciado.
Menorca llega al límite y se plantea exportar residuos
El presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, también ha intervenido para advertir que el sistema de gestión de residuos de su isla está llegando a su límite operativo bajo la normativa actual.
“Tendremos que escoger si trasladamos los residuos fuera de Menorca o encontramos una solución propia, sea de incineración o una alternativa tecnológica”, ha planteado Vilafranca, subrayando que ambas opciones tienen implicaciones económicas y ambientales importantes.
Aunque ha recordado que el servicio está garantizado hasta 2040 gracias a la concesión vigente, Vilafranca ha señalado que el Consell estudiará en breve las distintas alternativas con el apoyo de informes técnicos.
