La pelea registrada este lunes en el centro de primera acogida Padre Morey, en Sa Coma (Ibiza), ha reabierto el debate sobre la presión que soporta el sistema de protección de menores en Ibiza. La consellera de Bienestar Social del Consell de Ibiza, Carolina Escandell, ha asegurado que lo ocurrido “tenía que acabar pasando” debido a la saturación del servicio por la llegada constante de menores migrantes no acompañados.
El altercado comenzó como una trifulca entre menores dentro del recinto y fue escalando hasta requerir la intervención de la Guardia Civil. Una monitora resultó herida leve al intentar mediar, activándose los protocolos y presentándose la correspondiente denuncia. Escandell subrayó que no se trató de una agresión directa al personal, aunque reconoció la tensión acumulada en la unidad de primera acogida.
Los datos económicos y de personal evidencian el crecimiento del servicio. En 2019, el Consell contaba con dos centros y 22 trabajadores. En marzo de 2026, la red suma once centros y 156 empleados, cifra que ascenderá a 184 trabajadores con la nueva licitación de 42 plazas adicionales de primera acogida, que incorporará otros 28 profesionales. Solo en los centros de gestión directa de Sa Coma —Padre Morey y Migjorn— hay 47 trabajadores estructurales y 31 contrataciones temporales realizadas desde diciembre de 2023.
El aumento también es presupuestario. En 2018, el gasto ejecutado en el servicio de menores fue de 2,57 millones de euros. En 2025, la cifra alcanzó los 9,33 millones de euros, con 3,35 millones adicionales comprometidos en contratos y actuaciones en trámite. Para 2026, el presupuesto inicial supera los 10 millones de euros, consolidando un incremento de más del triple en siete años.
Escandell ha vinculado esta escalada de recursos a lo que define como una ruta migratoria “completamente descontrolada”, que obliga al Consell a asumir competencias de protección sin margen de previsión. “La semana pasada en 24 horas entraron nueve menores”, señaló, insistiendo en que se trata de una presión estructural en un territorio pequeño. Pese a las críticas, la consellera defendió que todos los menores están escolarizados o en programas formativos y reclamó más apoyo institucional para evitar que episodios como el de Sa Coma vuelvan a repetirse.
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