La gestión de los menores migrantes no acompañados (MENAs) es un frente de fricción entre Canarias y Baleares. Las comunidades autónomas se acusan mutuamente de falta de solidaridad y de sobredimensionar o minimizar la magnitud de la crisis. En este contexto, cada archipiélago tiene cifras para sostener su posición. Una danza de números en la que Formentera emerge como ejemplo extremo, con recursos al límite y una administración insular desbordada.
El Govern balear recurre al Supremo
La semana pasada, el Govern balear presentó un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión cautelar del reparto de menores migrantes hacia las islas. La iniciativa contó con el respaldo de los consells de Ibiza y Formentera, que argumentan que sus sistemas de protección están superados en más de un 1.000 % de su capacidad.
Este martes está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el decreto que detallará el número de plazas de acogida de menores migrantes para cada comundad (para Baleares son 49). El Gobierno central ya ha dicho que mientras ley esté en vigor todas las comunidades autónomas deben cumplirla.
El Ejecutivo balear justificó su recurso señalando que la presión migratoria sobre las islas se ha disparado un 77 % respecto al año pasado, lo que ha colocado a los servicios sociales en una situación crítica. Solo en lo que va de verano se han contabilizado más de 4.300 llegadas a Baleares, una cifra inédita que multiplica la exigencia sobre los consells insulares.
Desde el Govern se insiste en que la magnitud del incremento convierte en insostenible seguir asumiendo derivaciones desde otras comunidades autónomas. “No se trata de insolidaridad, sino de reconocer que Baleares ya está desbordada por un aumento sin precedentes”, subrayaron fuentes del Ejecutivo autonómico.
El caso de Formentera
En Formentera, el Consell tutela ya a 136 menores, una cifra inédita para una isla con una población residente de apenas 12.000 personas. La institución advierte de que, sin financiación inmediata, la carga económica podría llevarla a la quiebra. También denuncia que la primera atención humanitaria se realiza sin Cruz Roja, lo que obliga a los propios servicios insulares a improvisar la acogida inicial de los recién llegados.
Desde el Govern se defiende que la petición de paralizar las derivaciones no busca bloquear el sistema estatal, sino aliviar temporalmente a Baleares, que en estos momentos tutela a 680 menores migrantes.
Canarias reclama aplicar la ley
La respuesta desde Canarias ha sido contundente. El portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, aseguró que no entiende la posición balear y recordó que la situación no es comparable: en lo que va de año han llegado más de 11.000 migrantes al archipiélago canario, lo que representa más de la mitad de las entradas registradas en toda España.
Actualmente, Canarias tutela a 5.017 menores migrantes en 85 centros, de los cuales casi un millar tienen derecho a asilo y deberían estar bajo responsabilidad directa del Estado. Pese a ello, solo 30 jóvenes han sido derivados a la Península, mientras que en lo que va de 2025 han arribado al archipiélago 1.320 nuevos menores.
Cabello reclamó que se active de manera inmediata el artículo 35 de la Ley de Extranjería, que establece la derivación obligatoria de menores a otras comunidades cuando la capacidad de acogida supera el 150 %. A su juicio, la negativa balear constituye un intento de “bloquear la solución” justo cuando Canarias cumple dos años en emergencia migratoria.
Dos crisis, un mismo problema
El cruce de declaraciones refleja la guerra de cifras en torno a los MENAs. Canarias subraya la magnitud de su volumen absoluto, con miles de menores y una presión constante de llegadas. Baleares insiste en el colapso proporcional de sus recursos, con Formentera como ejemplo extremo: una isla minúscula que acoge más de un centenar de menores sin infraestructura de emergencia.
Ambos archipiélagos reclaman al Gobierno central una mayor implicación. Mientras Canarias pide que se cumpla la ley y se activen las derivaciones, Baleares exige un refuerzo urgente de financiación y medios humanos que les permita sostener la atención. De fondo, el pulso político deja en evidencia que el reparto de responsabilidades en materia migratoria se ha convertido en un terreno minado, donde la solidaridad se mide en cifras y la gestión se debate entre la saturación y el abandono.
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