El concurso bajo sospecha de los quioscos de playa de Formentera suma un nuevo escándalo: Sa Unió ha reconocido que no ha iniciado ningún expediente sancionador como consecuencia de las actas levantadas por las irregularidades detectadas y los incumplimientos de los pliegos.
Esto fue manifestado por la propia vicepresidenta primera del Consell Insular de Formentera y consellera de Medio Ambiente, Verónica Castelló, en el pleno de esta mañana.
“El problema principal de todo esto es que, aunque vayamos, hagamos inspecciones y se levanten actas cada verano, después no se les da el trámite administrativo”, sostuvo Castelló.
Además, ha confesado que “no se abren expedientes ni se llega a una propuesta sancionadora o a alguna medida correctora que pueda aplicarse según lo que dictan los pliegos”.
En una intervención surrealista, Castelló propuso que “si no, hay que tirarles de las orejas. Si no, acabamos solo con las inspecciones y las actas, pero sin finalizar los trámites, y cada verano estamos igual”.
La integrante del equipo de gobierno de Sa Unió tuvo una confesión casi inconsciente al sostener que están trabajando “para evitar que esto vuelva a pasar, que las inspecciones no se queden en un cajón, que se tramiten los expedientes, y si tienen que haber sanciones o medidas correctoras, que sea conforme a los pliegos”.
Con esto, se han dejado caducar las infracciones contra las hamacas ya que el contrato es anual. Sin embargo, la de los chiringuitos no caducan, por lo que se pueden seguir tramitando. Aunque por la inacción del Consell no se ha avanzado ni un paso.
Debate caliente
El debate se ha generado a partir de una proposición de Gent per Formentera para, por un lado, instar al Consell Insular de Formentera a “realizar inspecciones a las concesiones y autorizaciones de playa para asegurar que estas cumplan con la normativa establecida en los pliegos”; y, por el otro, para que se continúen y finalicen “las actas y expedientes abiertos relacionados con las concesiones y autorizaciones de playa”.
Allí Castelló reconoció que están al tanto de las irregularidades cometidas tanto por los chiringuitos como por los concesionarios de hamacas.
“Es evidente que estas malas prácticas en las playas de Formentera, como reservar hamacas —lo cual no está permitido—, cobrar precios excesivos que no son los que están estipulados en los pliegos, ofrecer servicio… incluso la simple intención de ofrecer servicio de bar no puede ser aceptada. Nada de esto está permitido según los pliegos. Y es un tema que nos preocupa a todos”.
En tal sentido, se defendió argumentando que estos hechos “no son hechos nuevos”.
Aunque lo llamativo fue que la propia consellera reconoció que, tras las inspecciones y las actas, el propio Consell Insular no avanza con los expedientes sancionadores.
“Debe producirse de una vez por todas un punto de inflexión y hay que intentar revertir esta actitud permisiva que ha habido siempre, y tomar las medidas necesarias para que deje de pasar. Porque si no, no sirve de nada. Hoy les digo —porque no lo han dicho en voz alta— pero parece que critican como si aquí no se hiciera el trabajo. No es cierto, pero como no lo han dicho directamente, da la impresión de que estamos con los brazos cruzados”, dijo.
Aunque las inspecciones realizadas hasta el momento han caído en saco roto ya que no se avanzó con el expediente sancionador. “Una vez finalizado el plazo de la temporada y desmontado todo, si esa inspección no ha finalizado su tramitación administrativa y no hay propuesta sancionadora, entonces todo queda en nada”, reconoció Castelló.
¿Inspecciones sin sentido?
Entre sus intervenciones en el pleno, Castelló dijo que “desde la Conselleria de Medio Ambiente, en cuanto a los lotes de hamacas y sombrillas, en mayo hicimos inspección a todos los lotes” y que llevan “ya dos semanas repitiendo inspecciones para verificar si se están repitiendo estas prácticas”.
“Hoy es 31 de julio, ya se han realizado varias inspecciones. Se está trabajando, se están haciendo los informes técnicos, que luego darán lugar a los correspondientes informes jurídicos. Y todas esas faltas tendrán su valoración: sean leves, graves o muy graves, con la propuesta que corresponda”, dijo.
De todas formas, no ha avanzado si se encontraron irregularidades o no. Además, increíblemente sostuvo que las infracciones deben ocurrir delante de sus narices para que tengan algún efecto administrativo.
“Llevamos dos semanas haciendo inspecciones y, si en ese momento el personal no detecta el hecho —porque no ocurre justo en el momento en que están allí—, entonces cuesta más. Porque necesitamos verlo con nuestros propios ojos. Debe ocurrir delante del personal del Consell. Necesitamos tener evidencia real”, expuso.
“Está claro que no se puede hacer inspección cada semana. Durante la temporada se van haciendo inspecciones. No se hace solo una. Pero como digo, puede ocurrir que se haga una inspección y todo esté en orden, y luego cambie”, apuntó.
La integrante del equipo de gobierno de Sa Unió dijo también que “no solo el Consell está haciendo inspecciones en los lotes de playa, sino que el Govern balear también. La semana pasada, concretamente el 23 de julio, vino a hacer inspección en los lotes de hamacas y sombrillas. Por tanto, decirles desde aquí que las administraciones competentes no están de brazos cruzados, aunque pueda parecer lo contrario por el silencio”.
¿Una maniobra sistemática?
Por su parte, el conseller no adscrito, Llorenç Córdoba, ha remarcado que “estas irregularidades —como ha dicho la consellera— se han inspeccionado, pero no se han abierto expedientes desde mayo”.
“El año pasado mismo hay actas levantadas a todas las concesiones y autorizaciones de las de playa. Lo puedo confirmar, y más de una, antes del inicio de temporada. Y les aseguro que no había ningún lugar que lo cumpliera todo”, dijo.
Además, Córdoba ha detallado que “hay actas levantadas del año pasado con irregularidades muy graves, que incluso pueden acarrear responsabilidades penales. Si no tienes un socorrista, pones en peligro a los usuarios y hay que cerrar. No puedes estar todo el verano sin uno, ni sin oxígeno, ni sin desfibrilador”.
El ex presidente del Consell apuntó también que las actas iniciadas por la Policía Local se han dejado caducar, lo que podría tener implicaciones penales.
“Si hay actas levantadas por la Policía Local, que tienen cierta autoridad, y si se solicita a la Conselleria que se abran los expedientes —y lo solicita el conseller y a la vez el presidente— y estas actas se dejan caducar sistemáticamente por parte de la Conselleria, entonces tenemos un problema muy grave”.
“¿Qué responsabilidad legal tenemos como Consell por dejar caducar estas denuncias y actas de la Policía Local, que incluso cuentan con fotografías evidenciando hasta siete u ocho incumplimientos del pliego de condiciones?”, preguntó Córdoba sin obtener respuestas.