El Consell Insular de Ibiza ha insistido esta semana que esperan que las Normas Subsidiarias Provisionales del municipio Sant Josep sean aprobadas este año aunque aclararon que no depende exclusivamente de ellos: ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento.
Desde la corporación reiteraron que “no hay una fecha concreta porque no depende únicamente de nosotros. Pero la idea es sacarlo este año”. A falta de conocer la fecha definitiva, supone un retraso sobre el anterior plazo fijado por el propio gobierno insular y que se había comprometido a aprobar el texto inicialmente dentro del primer semestre de 2025.
De todas formas, hicieron hincapié que el retraso en los planes originales se debe a que “en 2022 el Govern saca un decretazo que se lo carga todo”.
Se trata del Decreto Ley 10/2022, aprobado por el Govern balear el 27 de diciembre de 2022, que desclasificó automáticamente como suelo rústico común aquellos terrenos conocidos como “falsos urbanos”, es decir, suelos clasificados formalmente como urbanos en los instrumentos de planeamiento urbanístico general, pero que no disponen de los servicios urbanísticos básicos.
En el caso de Sant Josep, esta desclasificación afectó a varias áreas que estaban contempladas en las Normas Provisionales de Planeamiento (NPP), las cuales estaban en proceso de tramitación para sustituir a las obsoletas Normas Subsidiarias de 1986.
La entrada en vigor del decreto generó incertidumbre sobre la clasificación de ciertos suelos y obligó al Ayuntamiento a revisar y rehacer documentos clave, como la memoria ambiental y económica, lo que provocó retrasos en el calendario previsto para la aprobación de las NPP.
Sobre la mesa del Ayuntamiento
Por eso, desde el Consell han aclarado que “no es verdad que esto lo tengamos desde noviembre del 2022 y estemos de brazos cruzados, sobre todo cuando hay un decreto que se lo carga todo”.
Y remarcaron que “no depende solo de nosotros”. De hecho, ahora mismo las normas no están en poder del Consell sino que “están encima de la mesa del Ayuntamiento de Sant Josep”.
De alguna manera, la aprobación del planeamiento provisional de Sant Josep guarda cierto paralelismo con la aprobación de un plan especial de un puerto de interés general. En el caso portuario, es la Autoridad Portuaria la que paga la redacción del plan especial y el ayuntamiento el que lo aprueba.
En el caso de Sant Josep y tras el acuerdo político alcanzado la pasada legislatura, es el Ayuntamiento el que redacta las normas que serán aprobadas por el Consell.
Los objetivos
En términos generales, las NPP plantean una serie de objetivos:
- Reducción del techo de población: se establece un límite máximo de 43.720 habitantes, aunque solo se podrán otorgar licencias inmediatas para áreas que suman un máximo de 31.702 habitantes. Las zonas menos desarrolladas requerirán informes que acrediten la disponibilidad de recursos como el agua.
- Regularización de edificaciones en suelo rústico: se fijan requisitos adicionales para legalizar construcciones fuera de ordenación, como el uso de materiales sostenibles, instalación de placas solares y recogida de aguas pluviales.
- Fomento de residencias para trabajadores: se permite la construcción de alojamientos temporales para empleados en terrenos turísticos sin desarrollar, con el objetivo de liberar viviendas para residentes permanentes.
Una vez aprobadas las normas, se abrirá un período de exposición pública para que los ciudadanos presenten sus alegaciones para luego avanzar con su validación definitiva. Todo ese proceso debe completarse en seis meses.
Durante la tramitación, se suspenderán la concesión de licencias.
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