Los trabajadores de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), especialmente los 180 agentes de la Policía Portuaria, han convocado una concentración el próximo 30 de abril en Palma, coincidiendo con la inauguración de la Feria Náutica. La protesta, organizada por el Comité de Empresa, busca exponer una problemática que afecta no solo a este cuerpo, sino al conjunto de los cinco puertos gestionados por la APB, entre ellos, el de Ibiza y el de La Savina
Desde el Comité se denuncia una progresiva pérdida de funciones, el riesgo de automatización, la externalización de servicios y la falta de diálogo institucional, lo que amenaza la estabilidad laboral y la seguridad en los puertos, considerados infraestructuras críticas.
En palabras de Gabriel Bosch Donate, presidente del Comité: “Lo que proyecta la Autoridad Portuaria no es nuestra realidad. Somos 400 trabajadores y hacemos cada vez menos por decisiones que no se explican ni se consensúan”.
Automatización y recortes, el cóctel que enciende la protesta
El detonante inmediato de la movilización es la intención de sustituir un elemento de defensa clave por otro que, según el comité, es más obsoleto e incómodo. Sin embargo, la protesta va más allá: drones, controles automatizados y un proceso de “vaciado de funciones”, progresivo desde hace más de una década, han dejado a la plantilla en una situación incierta.
Además, los trabajadores denuncian una ausencia de reconocimiento a la penosidad del trabajo por turnos, fallos en la dotación de vestuario y la falta de posibilidades para los agentes veteranos de desempeñar funciones de menor riesgo.
“La ciudadanía no conoce esta otra cara de la APB”, sostiene Bosch. “Todo entra por mar, pero el que lo vigila cada vez tiene menos herramientas y más precariedad”, denuncia.
“Queremos diálogo real”
La intención de cara a la concentración del próximo miércoles es aprovechar la visibilidad mediática del evento náutico para que los medios recojan una imagen distinta a la oficial.
Según Bosch, las conversaciones con la presidencia actual no han dado frutos: “Nos dijeron que los trabajadores serían el centro, pero los hechos van en sentido contrario. Hemos agotado todos los canales formales”.
El Comité pide que se paralicen los procesos de externalización, que se dote adecuadamente a la Policía Portuaria y que se garantice su marco competencial como cuerpo público de seguridad.
La APB gestiona los puertos de Palma, Alcúdia, Mahón, La Savina e Ibiza. Aunque la imagen pública se centra en la sostenibilidad, el turismo y la eficiencia, los trabajadores viven una realidad opuesta, marcada por el aumento del coste de vida y la falta de actualización de las condiciones salariales y laborales.
La estructura piramidal que oculta desigualdades
El Comité de Empresa de la APB subraya que las diferencias entre los niveles de la estructura interna de la Autoridad Portuaria son cada vez más notorias. Mientras se proyecta una imagen de eficiencia, sostenibilidad y crecimiento —especialmente en sectores como el náutico o la entrada de mercancías—, los trabajadores de base viven otra realidad: menos funciones, más presión y salarios congelados.
“La ciudadanía no sabe lo que está pasando dentro. Nos meten en la imagen opulenta, pero la base está bastante abandonada”, afirma Bosch Donate.
Esta percepción se acentúa en un contexto de aumento sostenido del coste de vida en las islas, que no ha sido acompañado por una mejora de las condiciones laborales ni salariales. Según denuncian, la brecha entre el discurso institucional y la vida diaria de los empleados es cada vez más amplia.
“Se pone en riesgo la seguridad en infraestructuras críticas”
Una de las preocupaciones centrales del Comité de Empresa es el impacto que las políticas actuales de la APB pueden tener en la seguridad de los puertos, considerados infraestructuras críticas de interés general. La pérdida de funciones, la automatización sin evaluación adecuada, y la intención de externalizar servicios debilitan, según denuncian, los mecanismos de control que históricamente han garantizado la operativa portuaria.
Desde el Comité advierten que decisiones como la eliminación de medios de defensa utilizados desde hace más de veinte años o la falta de una dotación adecuada de recursos humanos y materiales en la Policía Portuaria no solo afectan a los trabajadores, sino que pueden comprometer directamente la seguridad de la ciudadanía.
“Sin un cuerpo público con competencias claras y medios adecuados, la calidad del servicio público se deteriora y la soberanía sobre estos enclaves estratégicos se diluye”, apuntan en el comunicado.
Además, alertan de que la precarización abre la puerta a una mayor privatización de funciones hasta ahora asumidas por personal con experiencia y compromiso, rompiendo con el modelo tradicional de gestión directa y pública de los puertos.
¿Te gustaría que elabore un pequeño recuadro con cifras clave o una cronología de los hechos para completar visualmente la pieza?
Un comité renovado que ya agotó las vías institucionales
El actual Comité de Empresa lleva algo más de un año en funciones y afirma haber intentado todas las formas de diálogo institucional antes de convocar la movilización. Las expectativas iniciales eran altas, pero las promesas no se tradujeron en mejoras concretas.
“Tuvimos reuniones, espacios de trabajo, mesas técnicas… Pero las decisiones iban en la dirección contraria, como con los elementos de defensa o la automatización”, asegura Bosch.
La movilización del día 30 se plantea así como un último recurso para llamar la atención pública y mediática sobre una situación que consideran insostenible, especialmente ante la llegada del verano y el incremento de la actividad en los puertos de Baleares.
