El Govern balear y Vox han alcanzado un acuerdo político clave que permitirá desbloquear el Decreto Ley de actuaciones urgentes para la construcción de vivienda asequible, originalmente pensado para Palma y que ahora, gracias a las exigencias de Vox, podrá extenderse a municipios de Ibiza.
El pacto, que se hará público este lunes en una rueda de prensa conjunta en la Conselleria de Vivienda, facilitará que más ayuntamientos de Baleares, además del de Palma, accedan a los beneficios urbanísticos previstos en la norma, incluyendo nuevas opciones de desarrollo sobre las áreas de transición, es decir, suelo rústico que tiene vocación de urbano pero que aún carece de dicha calificación.
La idea está clara, a más suelo, más pisos en el mercado y menor precio de las promociones. Además, un 50% de los nuevos desarrollos serán viviendas bonificadas, públicas o privadas.
Un decreto que se amplía más allá de Palma
El decreto, aprobado por el Govern semanas atrás, introdujo los Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE), una figura que permite reducir los plazos de tramitación de más de una década a solo 18-24 meses en suelos urbanos y urbanizables.
Hasta ahora, se preveía la construcción de 20.000 viviendas en Palma, la mitad de ellas sujetas a protección pública o precio limitado.
Con este nuevo acuerdo, se modifica el texto para que los municipios de Ibiza y Mallorca puedan acogerse de forma voluntaria a las medidas, lo que permitirá aplicar la misma normativa en zonas especialmente tensionadas. Queda excluida Menorca, por sus particularidades medioambientales y una menor presión habitacional.
Suelo, agilización de trámites y cesiones públicas
La normativa prevé, además de la cesión del 15% del aprovechamiento urbanístico a los ayuntamientos para vivienda pública, un aumento de edificabilidad y densidad de hasta 225 habitantes por hectárea, con el objetivo de optimizar el suelo existente sin ampliar los límites del planeamiento vigente, como el aprobado en Palma en 2023.
Los PRE podrán impulsarse tanto por iniciativa pública como privada y deberán contemplar, al menos, 100 viviendas. La tramitación conjunta de los proyectos de ordenación, reparcelación y urbanización acortará significativamente los tiempos de ejecución.
El punto de inflexión: Áreas de Transición
Uno de los elementos más destacados del nuevo acuerdo es la incorporación de las Áreas de Transición, un tipo de suelo rústico susceptible de ser urbanizado, siempre que se hayan agotado las posibilidades en suelo urbano o urbanizable.
Esta figura, ya contemplada en la ley autonómica de 2008 bajo el mandato de Francesc Antich, permite ampliar el ámbito de aplicación del decreto sin necesidad de recalificar nuevos terrenos.
Según el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, “los suelos de transición se activarán una vez agotados los urbanos y urbanizables”, en un proceso supervisado por el Govern y los ayuntamientos.
Requisitos y reservas
Se mantiene la reserva del 50% de las nuevas promociones para vivienda protegida o de precio limitado, con un 30% reservado para menores de 35 años, y con el requisito de haber residido al menos cinco años en el municipio para poder acceder.
Asimismo, se reactiva la figura de las Reservas Estratégicas de Suelo (RES), y se introduce un procedimiento exprés para declarar de interés autonómico las promociones públicas, acelerando licencias urbanísticas municipales en estos ámbitos.
Escenografía y simbolismo político
La presentación de este lunes repetirá la escenografía pactada por PP y Vox: dos atriles en la sede de la Conselleria, como ya se hizo para anunciar el acuerdo de contención turística.
El acto contará con la presencia del conseller José Luis Mateo y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, cumpliendo una de las condiciones simbólicas del partido conservador para mostrar su protagonismo político.
Con este pacto se asegura la estabilidad del Govern de Marga Prohens, que necesitaba cerrar este acuerdo antes de abordar las negociaciones presupuestarias de 2025.
