VIVIENDA

Ofensiva del PP contra la permisividad del Gobierno ante la okupación y la inseguridad jurídica para propietarios

Los 'populares' acusan a Francina Armengol de bloquear una norma clave para proteger a propietarios y vecinos, mientras el presidente del Consell vincula la okupación y el impago con la retirada de viviendas del mercado del alquiler

Daniel Esteve, de Desokupa, en su visita a una vivienda okupada en Sant Antoni. Archivo
Daniel Esteve, de Desokupa, en su visita a una vivienda okupada en Sant Antoni. Archivo

El Partido Popular de Baleares ha intensificado su ofensiva contra el Gobierno central por la paralización de la ley antiokupación, al tiempo que el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, advierte de que sin seguridad jurídica muchos propietarios no volverán a alquilar y que la ocupación y el impago están agravando la crisis de vivienda en la isla.

Los populares han registrado en el Parlament una Proposición No de Ley (PNL) para instar a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, a desbloquear de forma inmediata la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal de viviendas y locales, aprobada en el Senado y paralizada desde febrero de 2024.

El PP acusa a Armengol de “bloquear” la protección a propietarios

En una nota de prensa, el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, sostiene que Armengol está bloqueando una norma que “protege a los propietarios y a los vecinos” y denuncia que esta situación deja desprotegidos a miles de ciudadanos mientras aumentan los casos de okupación ilegal y de ‘inquiokupación’ en Baleares.

Según el PP, la ley impulsada en el Senado permitiría agilizar los desalojos en un plazo de hasta 24 horas, reforzar las sanciones penales y aplicar medidas complementarias como la prohibición del empadronamiento en viviendas ocupadas y beneficios fiscales para los afectados.

“El esfuerzo legítimo de las familias por acceder a una vivienda no puede verse vulnerado por la ocupación ilegal y la pasividad de quienes tienen la obligación de tramitar la ley”, afirma Sagreras, quien insiste en que la iniciativa no cuestiona las políticas de vivienda social, sino que busca proteger a quienes cumplen la ley.

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Marí: “Sin normas claras, el pequeño propietario no vuelve a alquilar”

Las críticas del PP coinciden con el diagnóstico expresado por Vicent Marí en sendas entrevistas publicadas el domingo en Diario de Ibiza y Periódico de Ibiza y Formentera, en las que vincula directamente la falta de seguridad jurídica con la retirada de viviendas del mercado del alquiler en Ibiza.

“La solución no solo pasa por construir más, sino también por que las viviendas vacías o que desaparecen del mercado ilegal se destinen de nuevo al alquiler residencial. Para ello, es fundamental que exista seguridad jurídica”, afirma el presidente del Consell.

Marí advierte de que, sin normas claras que permitan desalojar una vivienda en caso de ocupación o impago, muchos pequeños propietarios con malas experiencias optan por no alquilar: “Si no hay un marco jurídico que evite que tarden años en recuperar su vivienda, no volverán a ponerla en el mercado. Hoy por hoy, tenemos muchísimas viviendas vacías en Ibiza”.

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