El Govern balear y Vox han alcanzado un acuerdo político para introducir una serie de medidas contra la ocupación ilegal en la futura ley de vivienda autonómica. Aunque el decreto fue convalidado este lunes en el Parlament con los votos de ambas formaciones, las restricciones dirigidas a personas condenadas por delitos de ocupación aún no figuran en el texto aprobado.
Está previsto que se incorporen durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, tal como han confirmado portavoces oficiales.
La medida más destacada prevé que cualquier persona con una condena firme por ocupación quedará excluida de ayudas públicas vinculadas al derecho a la vivienda. Esto incluiría, entre otras, el alquiler social o protegido, la posibilidad de acceder a viviendas de protección oficial, y beneficios como el aval hipotecario joven, que actualmente permite a menores de 35 años acceder a préstamos con respaldo del Govern.
El objetivo, según defienden sus impulsores, es lanzar un mensaje claro de rechazo a la ocupación ilegal y reforzar la protección de los propietarios legítimos. A juicio del Govern y Vox, no es compatible que alguien condenado por ocupar una vivienda pueda luego beneficiarse de los recursos públicos destinados a facilitar el acceso a un hogar.
Un mensaje político más que una medida con efecto masivo
Aunque el impacto de la medida será limitado en términos de condenas individuales, las cifras sí evidencian que la ocupación es un fenómeno con peso estructural en Baleares.
Según el estudio El problema de la ocupación ilegal en España, publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en marzo de 2025, el archipiélago alcanza un índice de presión ocupacional de 113 puntos, frente a la media estatal de 100. Esto sitúa a Baleares como la cuarta comunidad más tensionada del país, solo por detrás de Cataluña, Madrid y el País Vasco.
El informe establece este índice en relación al parque de viviendas vacías disponible, mostrando que, aunque no sea la comunidad con más casos en términos absolutos, la presión sobre su escasa oferta residencial es especialmente alta. Además, en cuanto a desahucios, Baleares aparece en novena posición nacional con un índice de 54 puntos, también por encima de la media.
Otro dato relevante es la lentitud del sistema judicial: los tiempos para ejecutar un desalojo han pasado de 4,9 a más de 12 meses entre 2018 y 2023, lo que agrava el problema tanto para propietarios como para la gestión institucional. Aunque el informe no desglosa cifras por islas, el contexto turístico y de rotación de Ibiza encaja plenamente en los patrones de riesgo descritos.
El decreto no incluye la medida: se incorporará durante la tramitación parlamentaria
Es importante subrayar que estas restricciones no aparecen aún en el decreto convalidado en el Parlament el 15 de abril. Lo que se ha producido es un acuerdo político entre PP y Vox para incorporar estas limitaciones durante la tramitación del decreto como proyecto de ley. En ese proceso se podrán introducir enmiendas, concretar su redacción y fijar su duración temporal.
De hecho, ni siquiera está definido cuánto tiempo se mantendrán estas sanciones. Desde las formaciones proponentes se ha aclarado que “no puede ser una prohibición de por vida” y que toda sanción debe tener una duración concreta. La fórmula final será decidida en las próximas semanas dentro del proceso legislativo.
Sin ayudas, pero con compensaciones a propietarios
Otro de los compromisos asumidos en este pacto es la compensación a los propietarios afectados por ocupaciones ilegales. Aunque tampoco está incluida aún en el texto, se prevé que los gastos derivados de la recuperación de la vivienda —como honorarios de abogados, procuradores o costes judiciales— puedan deducirse del IRPF autonómico.
Este mecanismo de deducción aún no ha sido concretado, pero la intención es que se articule como una medida de alivio para quienes han debido enfrentarse a procedimientos legales para recuperar su propiedad.
