Este domingo zarpa desde el puerto de la ciudad de Barcelona la Global Sumud Flotilla, un convoy de barcos civiles que pretende llevar ayuda humanitaria a Gaza y denunciar el bloqueo marítimo israelí.
A bordo viajan activistas, ONG y personalidades tan reconocidas como Greta Thunberg y la exalcaldesa Ada Colau. Pero lo que ha generado más sorpresa es la decisión del presidente Pedro Sánchez: movilizar a la Armada española para escoltar la expedición, un gesto que combina respaldo logístico, compromiso político y un alto riesgo diplomático.
Una flotilla con objetivos políticos y humanitarios
La Global Sumud Flotilla no es una operación militar, sino un proyecto de carácter civil que agrupa a organizaciones internacionales, líderes sociales y voluntarios. Su meta es desafiar de manera pacífica el bloqueo sobre Gaza, abrir un corredor humanitario y visibilizar la situación de la población palestina.
La presencia de Greta Thunberg y Ada Colau ha multiplicado la repercusión mediática del operativo. Para muchos, se trata de una oportunidad única para que la causa palestina vuelva a ocupar espacio en la agenda global. Sin embargo, la inclusión de figuras de tanta exposición también eleva los riesgos y obliga a extremar medidas de seguridad.
El papel de la Armada española
La decisión de Sánchez de desplegar buques de la Armada representa un hecho inédito: por primera vez, España asume un rol activo de protección a una flotilla civil con fines políticos. Según fuentes gubernamentales, la misión tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de la travesía en aguas internacionales y evitar incidentes con terceros actores.
Más allá de la justificación oficial, la medida coloca a España en un lugar incómodo. Para algunos analistas, supone un claro gesto de apoyo político al movimiento pro-palestino. Para otros, es simplemente un acto de responsabilidad hacia ciudadanos que participan en una protesta pacífica y que podrían ser objeto de represalias.
Reacciones y críticas
La oposición reaccionó de inmediato acusando al Ejecutivo de “usar a la Armada con fines ideológicos” y de comprometer a las Fuerzas Armadas en un conflicto internacional sin un mandato claro. Los partidos conservadores advirtieron de que este tipo de movimientos pueden erosionar la credibilidad de España en sus relaciones exteriores y tensionar la cooperación con socios estratégicos.
Desde el oficialismo, en cambio, se defendió la decisión como un acto humanitario y de protección civil. Voceros del Gobierno insistieron en que no se trata de una misión bélica, sino de una medida preventiva para garantizar la integridad de los participantes y evitar un posible escándalo internacional en caso de que algo sucediera en el Mediterráneo oriental.
