Las organizaciones del sector del socorrismo en Baleares crearán una comisión específica para perseguir a las denominadas “empresas pirata” y frenar el intrusismo que, según denuncian patronales y sindicatos, ha degradado durante años la calidad y la seguridad del servicio, especialmente en piscinas hoteleras, donde se prioriza el precio frente al cumplimiento de la normativa laboral y profesional.
La iniciativa surge tras la firma en diciembre del segundo Convenio Colectivo Sectorial de Vigilancia Acuática y Socorrismo, suscrito por la Asociación de Empresas de Salvamento y Socorrismo (Salvib), la Asociación Empresarial Balear de Socorrismo (AEBS) y los sindicatos CCOO, UGT y CGT, un acuerdo que el sector considera un punto de inflexión. Este convenio fija las condiciones laborales que deberán cumplirse entre el 1 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2029.
Objetivo: identificar y denunciar prácticas irregulares
Según han explicado Salvib y AEBS en un comunicado, la nueva comisión tendrá como función identificar, documentar y denunciar a los operadores que trabajan fuera del marco legal, compitiendo con precios anormalmente bajos gracias a prácticas irregulares que, advierten, ponen en riesgo la seguridad de los usuarios de playas y piscinas.
El sector alerta de una competencia desleal sostenida en el tiempo, alimentada por empresas que presentan ofertas fuera de mercado porque no aplican el convenio autonómico o, directamente, recurren a fórmulas irregulares para reducir costes.
Empleo sin regularizar y falta de titulación
Entre las irregularidades detectadas figuran socorristas sin alta en la Seguridad Social, personal sin la titulación exigida y trabajadores en situación administrativa irregular ejerciendo la profesión. Esta situación, sostienen las organizaciones firmantes del convenio, ha contribuido a normalizar un deterioro progresivo del servicio.
Desde el sector subrayan que el Govern balear conoce esta problemática y señalan a la Inspección de Trabajo como una pieza clave para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente. La comisión, explican, coordinará esfuerzos entre patronales y sindicatos para recopilar evidencias, contrastarlas y actuar por las vías correspondientes cuando existan indicios sólidos.
El foco, en las piscinas hoteleras
Las asociaciones sitúan el principal foco del problema en las piscinas de hoteles, donde en algunos casos se busca contratar el servicio “lo más barato posible”, lo que ha llevado a mirar hacia otro lado respecto a las obligaciones laborales y profesionales.
En este sentido, advierten de que elegir solo por precio, sin verificar garantías, conlleva riesgos legales, reputacionales y, sobre todo, riesgos de seguridad. Por ello, recomiendan a los establecimientos contratar únicamente con empresas que cumplan la normativa, puedan acreditarlo documentalmente y mantengan un seguimiento durante toda la vigencia del contrato.
Tolerancia cero al fraude laboral
La comisión nace con una “línea de tolerancia cero” frente a prácticas de fraude laboral, como pagos en negro o el abono de horas extra fuera de nómina. El sector insiste en que las consecuencias de estas irregularidades no se limitan al ámbito laboral.
“Si ocurre una emergencia como un rescate, una reanimación o un accidente grave, el problema no se queda en la piscina, sino que puede traducirse en responsabilidades y consecuencias legales, además de daño reputacional para el hotel, la cadena y, por extensión, para el destino”, han advertido las asociaciones.
Correo anónimo y visibilidad pública
En las próximas semanas se concretarán los mecanismos de trabajo del nuevo órgano, orientados a detectar ofertas anormalmente bajas, recopilar información sobre posibles incumplimientos y dar visibilidad pública a una realidad que, según el sector, lleva demasiado tiempo normalizándose.
Entre las medidas previstas figura la habilitación de un correo de denuncia anónimo, pensado especialmente para trabajadores, con el fin de comunicar casos de forma segura, priorizarlos, contrastarlos y, si se confirman, actuar con rapidez ante los organismos competentes.
Garantizar el cumplimiento a partir de 2026
El objetivo final, recalcan las partes firmantes, es que a partir de 2026 se garantice el cumplimiento efectivo del convenio, la protección de los trabajadores y la seguridad en el medio acuático, cerrando el paso a operadores que compiten fuera de las reglas y que, con ello, erosionan un servicio considerado esencial.
El convenio firmado en diciembre, destacan Salvib y AEBS, es especialmente relevante porque surge de un acuerdo entre empresas y trabajadores tras negociación colectiva y porque diferencia condiciones específicas para el socorrismo en playas y piscinas, además de contemplar subidas salariales en todas las categorías profesionales, con incrementos progresivos durante su vigencia.
