La denuncia de la Guardia Civil sobre la “falta de claridad” en la negociación del plus de insularidad en Baleares tiene un punto concreto de fricción: la diferencia entre la propuesta defendida por UGT y el esquema que finalmente se trasladó como acuerdo.
Durante la negociación en Función Pública, UGT apostó por un modelo de complemento plano, idéntico para todo el personal público del Estado en Baleares, con independencia de la categoría profesional. En ese planteamiento, el plus de insularidad quedaba fijado en 206 euros mensuales en Mallorca y 410 euros en Ibiza, Menorca y Formentera, siguiendo el sistema ya aplicado por el Govern balear a su personal autonómico.
Sin embargo, el resultado que UGT comunicó posteriormente no respondía a ese esquema. En la información difundida tras el avance del acuerdo, el complemento aparecía vinculado a la categoría profesional, con cuantías diferentes según el grupo laboral y la isla de destino, replicando el modelo habitual de Canarias.
En ese marco, los importes oscilarían desde 101 euros en Mallorca y 252 euros en el resto de islas para el grupo AP, hasta 206 euros en Mallorca y 669 euros en Ibiza, Menorca y Formentera para el grupo A1, con escalones intermedios para C2, C1 y A2.
El origen del malestar en la Guardia Civil
Es precisamente este desplazamiento desde un plus igualitario a uno por categorías lo que, según Jucil, no se ha explicado con suficiente transparencia. La asociación sostiene que durante la negociación circularon tablas y cifras distintas, y que en comunicaciones posteriores desaparecieron elementos que habían formado parte de las propuestas iniciales.
Desde la organización profesional subrayan que, más allá del modelo elegido, el problema de fondo persiste: el complemento de insularidad sigue sin reflejar el coste real de la vida en Baleares, especialmente en destinos como Ibiza y Formentera, lo que favorece la salida de agentes ya formados y una elevada rotación de personal.
Desde Jucil señalan que cuestiones como el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal factor de expulsión. Jucil advierte de una rotación constante de efectivos, con entradas y salidas prácticamente equilibradas en los últimos años, lo que ha transformado el destino en “una extensión de la academia”: los agentes llegan, completan su formación y se marchan a otros territorios sin que se consoliden las plantillas.
Esta dinámica, subrayan, merma la estabilidad y la calidad del servicio y solo puede revertirse con un complemento de residencia vinculado de forma realista a la carestía del archipiélago, y no con fórmulas que, a su juicio, siguen quedándose cortas.
A la espera del texto definitivo
Aunque los sindicatos han informado de los términos generales del acuerdo, no se ha hecho público un documento técnico final que detalle con precisión la aplicación del complemento, su calendario y su impacto concreto en cuerpos como la Guardia Civil.
Esa ausencia de un texto definitivo es la que, según Jucil, alimenta la incertidumbre y refuerza su exigencia de que el plus de insularidad se negocie con cifras claras y ajustadas a la realidad económica del archipiélago.
