Puertos y Litorales Sostenibles (PyLS), concesionaria del puerto deportivo Port Nàutic Ibiza en las históricas instalaciones que ocupó durante casi un siglo eel Club Náutico de Ibiza, ha anunciado acciones judiciales contra el ingeniero Pedro Puigdengoles y contra la Asociación de Amarristas del Club Náutico de Ibiza, presidida por Nahiara Cardona.
Según afirma la empresa, las actuaciones de ambos actores está provocando un grave perjuicio económico y reputacional, del que quieren ser resarcida a través de una reclamación formal por daños y perjuicios. Dicho en otras palabras, un indemnización económica por el daño causado.
La gestora del puerto deportivo de Ibiza tienen decidido llevar ante los tribunales al ingeniero Pedro Puigdengoles, por firmar un informe técnico con afirmaciones falsas sobre las obras del nuevo dique flotante, entre otras, y a la presidenta de la Asociación de Amarristas, Nahiara Cardona, por promover denuncias infundadas y filtrar información errónea a los medios.
Port Nàutic Ibiza habla de “lawfare” y acusa una campaña organizada de obstrucción y desgaste.
“Una campaña dolosa y más allá de lo temerario”
La empresa califica la actuación de Puigdengoles y de la Asociación como una ofensiva “más allá de temeraria, dolosa”. La decisión aún no está ejecutada, pero según expresó Carlos Illa, administrador único de PyLS, existe una intención clara de responder por la vía judicial: “Esta es la idea que tenemos, el camino que queremos emprender y es nuestra intención”, dijo en conversación con este medio.
“Lo que pasa es que, evidentemente, el perjuicio que nos ha ocasionado esta señora con la Asociación de Amarristas es ya una fijación absoluta… nos corresponde defendernos de alguna manera”.
“Lawfare”: desgaste por la vía legal
Más allá de los aspectos técnicos, PyLS introduce por primera vez el concepto de “lawfare” para describir la situación: una estrategia jurídica abusiva impulsada por antiguos usuarios del puerto con el objetivo de desgastar su gestión.
En su escrito de alegaciones ante Autoridad Portuaria de Baleares como respuesta al informe de un detective privado contratado por la Asociación de Antiguos Amarristas del Club Náutico de Ibiza y que opera como una suerte de marca blanca del club, la empresa sostiene que las acciones de la Asociación y del antiguo Club Náutico de Ibiza no buscan garantizar el cumplimiento de la normativa, sino desacreditar públicamente a la concesionaria y obstaculizar su operatividad mediante el uso sistemático de denuncias, filtraciones y presiones mediáticas.
“No pretenden el cumplimiento de la ley, sino fines extrajurídicos como el desgaste económico, el descrédito público y la obstrucción operativa de nuestra empresa”, reza el documento.
Acusaciones sin fundamento técnico
El conflicto se ha intensificado tras la difusión de dos informes: uno firmado por Puigdengoles —que sostenía que el nuevo dique flotante no existía— y otro, elaborado por un detective privado, que denunciaba la presencia de embarcaciones irregulares.
Ambos documentos fueron filtrados a medios locales sin contraste con la empresa, según denuncia PyLS, que respondió con un informe técnico desmontando cada una de las afirmaciones vertidas.
En el caso del informe del técnico, la empresa señala que las obras del dique sí se están ejecutando, con amplia documentación gráfica publicada incluso antes de que se presentara la denuncia. Al menos, en La Voz de Ibiza.
El proyecto, diseñado por Neos Maritime Consulting, contempla la instalación en mayo de una estructura de hormigón armado de 145 metros de largo, 8 de ancho y 2,75 de alto.
Respecto a la eslora de las embarcaciones, PyLS aportó certificados oficiales de eslora emitidos por organismos competentes, con los que desmonta una por una las supuestas infracciones.
También aclara, con respaldo de la Autoridad Portuaria, que la interpretación del listado de base de 2021 como único válido es errónea y que la proporción de amarres de transeúntes no infringe el límite establecido.
La defensa, no el ataque
Durante su conversación con este medio, Carlos Illa fue claro al afirmar que Port Nàutic Ibiza no está promoviendo una ofensiva, sino una defensa ante los ataques recibidos. “Nosotros lo único que hacemos es defendernos. No pretendemos atacar a nadie”.
Subrayó además que la empresa ganó legalmente una licitación pública, emitida por Puertos del Estado, y que toda la tensión posterior ha sido generada por quienes se oponen al nuevo modelo de gestión: “Yo siempre he dicho desde el primer día que todo nuestro pecado es que nos hemos presentado a una licitación pública y la hemos ganado. No hemos hecho nada más”.
Frentes abiertos, pero con resolución clara
En su respuesta formal, la Autoridad Portuaria de Baleares ya ha dado por válidas las explicaciones presentadas por PyLS en relación con las embarcaciones denunciadas, con un contundente “están cumpliendo”.
La concesionaria ha defendido que no hay fraude, ni barcos irregulares, ni violación de los términos de la concesión, y considera que la campaña en su contra obedece a intereses ajenos a la legalidad.
Con la denuncia desmontada y el respaldo de la APB en varios puntos clave, la empresa considera que ha llegado el momento de frenar la escalada por la vía judicial. Aunque no hay plazos concretos ni demanda en curso, el mensaje de PyLS es claro: “Nos tenemos que defender de los ataques”.
Batalla ganada
Port Nàutic Ibiza ya ha ganado una primera batalla al Club Náutico de Ibiza y a la Asociación de Amarristas. Se trata de la estrategia del propio club y de la propia Nahiara Cardona de no abonar las facturas por tener sus embarcaciones amarradas en la dársena.
La estrategia estaba encaminada a debilitar financieramente al concesionario a través de depositar el dinero en el notario en lugar de ingresarlo en las cuentas de Puertos y Litorales con el pueril argumento que no habían sido publicadas las tarifas en el BOE, exigencia que no es de aplicación en este caso al tratarse de una Autorización de Ocupación Temporal (AOT) y no una concesión.
Así las cosas, las embarcaciones de Nahiara Cardona y del Club Náutico de Ibiza fueron precintadas como respuesta a la vía del crédito marítimo emprendida por la empresa.
El club pagó. Nahiara Cardona, no.
Finalmente, los tribunales le dieron la razón a Port Nàutic y condenaron a Cardona a pagar no solo el amarre sino también las costas del juicio.
