La Comisión Mixta de Insularidad de las Cortes Generales ha rechazado este lunes una propuesta que pretendía limitar o condicionar la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes en Baleares y Canarias, en un intento por aliviar la presión inmobiliaria sobre los residentes. La medida, impulsada por senadores del Grupo Izquierda Confederal —incluido el senador por las Pitiusas—, fue apoyada por el PSOE y Coalición Canaria, pero quedó bloqueada por la mayoría de PP y Vox.
El mercado inmobiliario, en el centro del debate
La propuesta —de carácter no vinculante— también incluía medidas complementarias para fomentar el acceso a vivienda asequible, priorizar a residentes y mejorar el estado del parque inmobiliario. Los senadores promotores advirtieron de que la adquisición masiva de inmuebles por parte de no residentes está generando una presión sin precedentes en zonas con fuerte presencia turística como Ibiza, lo que provoca una escalada de precios que expulsa progresivamente a la población local.
En el caso de Canarias, la iniciativa apelaba a su estatus de Región Ultraperiférica para obtener una autorización expresa de la Unión Europea que permitiese aplicar estas limitaciones. En el caso balear, se planteaba una negociación con Bruselas por la similitud entre ambas realidades insulares.
Acusaciones de xenofobia y rechazo frontal
El momento más tenso del debate llegó con la intervención del diputado balear de Vox, Jorge Campos, quien acusó a los promotores del texto de practicar una “xenofobia encubierta”. Campos denunció que el documento evitaba utilizar el término «extranjero» para no ser tachado de discriminatorio, y defendió que “limitar la compra de viviendas a extranjeros o comunitarios es pura xenofobia”.
Por su parte, el PP rechazó la propuesta con el argumento de que el problema de la vivienda no tiene un origen externo, sino que responde a “la inseguridad jurídica, el exceso de burocracia y las políticas del Gobierno central”. Según los populares, estos factores han provocado un descenso en la oferta de alquiler y han alimentado el fenómeno de la ocupación ilegal.
Desde el PSOE, la diputada Dolores Corujo reivindicó la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, subrayando acciones como la eliminación de las ‘Golden Visa’ y la aprobación de la Ley de Vivienda, destinadas a frenar la especulación y garantizar el acceso a la vivienda a precios razonables.
