Ibiza podrá dar salida más rápida a inversiones que generen empleo estable fuera del sector turístico. El Consell de Govern aprobó este viernes un decreto ley que reduce a la mitad los trámites para proyectos estratégicos, con el objetivo de diversificar el modelo económico balear y atraer iniciativas de alto valor añadido.
Según explicó el conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, la medida busca “agilizar, simplificar y acompañar la tramitación de proyectos transformadores”, tanto públicos como privados. Los denominados Proyectos de Especial Interés Estratégico (PEIE) tendrán prioridad administrativa, acceso preferente a ayudas públicas y un interlocutor único en la administración.
Una vía rápida para nuevas inversiones
El decreto permitirá que los promotores privados soliciten la declaración de proyecto estratégico por dos vías. La primera exige requisitos como una inversión mínima o la creación de puestos de trabajo de calidad. La segunda, en cambio, no fija condiciones económicas, pero sí que el proyecto tenga un impacto claro en la transformación del modelo productivo, con mejoras en ámbitos como la innovación, la sostenibilidad o el impacto social.
Unidad Aceleradora de Proyectos
El Govern creará la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que acompañará a los promotores durante todo el proceso. Contará con un jefe de proyecto como único interlocutor, encargado de coordinar la relación con las distintas administraciones y de hacer seguimiento de las iniciativas declaradas estratégicas.
La unidad también podrá dar apoyo a propuestas todavía en fase inicial. “Si hay una buena idea, la UAPE podrá ayudar a que se transforme en proyecto y, finalmente, sea declarado de interés estratégico”, detalló Costa.
El papel del sector público y los municipios
El decreto también afecta a las administraciones locales. Los ayuntamientos podrán solicitar la declaración de proyecto estratégico para obras en el ciclo del agua, la eficiencia energética o el tratamiento de residuos, incluso en suelo rústico, aunque no estén incluidos en sus planeamientos.
Sin embargo, en el caso de Ibiza y Palma se mantienen los regímenes propios ya existentes para este tipo de declaraciones, ahora con normas más simplificadas y sin la caducidad de dos años que había antes.
Moratoria a los parques solares en suelo rústico
El decreto incluye además una moratoria en la implantación de parques fotovoltaicos en suelo rústico, que se levantará una vez el Govern apruebe la zonificación correspondiente. “La transición energética es fundamental, pero ahora mismo la situación es un desbarajuste total”, afirmó Costa. El Ejecutivo balear pretende ordenar la implantación de renovables, garantizando la protección del paisaje y la planificación territorial.
