El PSOE ha presentado un escrito de acusación contra el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, en el que solicita un año de prisión, una multa de 500.000 euros y un total de 19 años de inhabilitación por su presunta implicación en la contratación de la campaña turística ‘La Vida Islados’ durante el año 2020.
El escrito ha sido registrado ante el Tribunal de Instancia de Ibiza y atribuye a Marí los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, en relación con la adjudicación de contratos de emergencia durante los primeros meses de la pandemia de la COVID-19.
Por estos hechos, el PSOE reclama un año de prisión y doce años de inhabilitación por el delito de prevaricación, así como dos años de prisión, una multa de 500.000 euros y otros siete años de inhabilitación por el delito de tráfico de influencias, lo que eleva el total de inhabilitación solicitada a 19 años.
Según ha informado Radio Ibiza, los socialistas no han podido formular acusación por los delitos de coacciones y daños psicológicos a la interventora del Consell, ya que el auto de la Audiencia Provincial de Palma que ordenó la reapertura parcial del caso limitó el alcance de esa acusación, dejando esos delitos fuera del escrito presentado por el partido.
El PSOE ha presentado este escrito “ad cautelam”, al no haber recibido todavía el expediente completo, y se reserva la posibilidad de ampliar las calificaciones jurídicas una vez tenga acceso a toda la documentación del procedimiento.
Detalles de la contratación investigada
El escrito de acusación sitúa los hechos en los meses de mayo y junio de 2020, cuando el Consell de Ibiza aprobó varios decretos de contratación de emergencia para servicios de publicidad y comunicación por un importe global superior a 1,1 millones de euros, en el contexto de la crisis sanitaria.
Uno de los contratos más relevantes fue la adjudicación de la campaña turística ‘La Vida Islados’, con un coste de 250.000 euros, que recayó en la empresa Fuera de Escena S.L. El PSOE sostiene que la adjudicación se realizó de forma arbitraria e injusta, prescindiendo de los controles administrativos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público.
La acusación afirma que no se verificó la solvencia económica y técnica de la empresa adjudicataria, ni se compararon precios de mercado. Además, se sostiene que el presidente del Consell actuó “a sabiendas de la injusticia”, dada su experiencia previa como interventor accidental en el Ayuntamiento de Santa Eulària, lo que, a juicio de los socialistas, excluye cualquier error o desconocimiento de la normativa.
La acusación particular eleva la petición a seis años de cárcel
Al margen del escrito del PSOE, la causa cuenta con una acusación particular ejercida por la interventora del Consell de Ibiza, Marian Tur, que ha solicitado seis años de prisión, 19 años de inhabilitación, una multa de 500.000 euros y una indemnización mínima de 80.000 euros por los daños sufridos.
La acusación particular atribuye a Vicent Marí cuatro delitos: prevaricación, tráfico de influencias, lesiones psíquicas a la interventora y coacciones, y ha solicitado además el pago de las costas del procedimiento.
La Audiencia Provincial reabrió parcialmente la causa
Conviene recordar que hace ya casi un mes la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma ordenó continuar parcialmente el procedimiento, al estimar los recursos presentados por el PSOE y por la interventora del Consell y revocar el archivo provisional dictado por el Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza en parte de la causa.
La Audiencia avaló el uso del procedimiento de emergencia en la contratación de la campaña turística, pero consideró que no estaba justificado cerrar la investigación en lo relativo a la adjudicación del contrato y a las presuntas presiones a la funcionaria.
A la espera de la apertura de juicio oral
El procedimiento queda ahora pendiente de que el juzgado acuerde formalmente la apertura de juicio oral, una vez analizados los escritos de acusación y la documentación aportada por las partes.
Mientras tanto, el PSOE mantiene su exigencia de dimisión de Vicent Marí, al considerar que no puede seguir presidiendo el Consell de Ibiza mientras se enfrenta a peticiones de penas de prisión, multas millonarias e inhabilitación para cargo público.
