La Comisión Insular de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Patrimonio Histórico (CIOTUPHA) ha aprobado este lunes de forma inicial la suspensión parcial de las Normas Subsidiarias de Sant Josep de sa Talaia y la aprobación de sus Normas Provisionales de Planeamiento (NPP), un instrumento urbanístico llamado a aportar estabilidad y seguridad jurídica al municipio mientras se redacta la revisión del planeamiento general.
El acuerdo, adoptado por el Consell Insular de Ibiza a petición formal del Ayuntamiento de Sant Josep, responde a la constatación de que el planeamiento vigente, aprobado en 1986, acumulaba desde hace décadas contradicciones, errores y déficits que dificultaban la gestión urbanística y generaban inseguridad tanto para la administración como para vecinos y empresas. Las Normas Provisionales permiten restablecer un marco coherente y ajustado a la normativa actual durante el periodo transitorio hasta la aprobación del nuevo planeamiento.
Con esta aprobación inicial, Sant Josep contará con un instrumento que corrige problemas históricos y da cobertura a necesidades reales del municipio. Entre las principales novedades destaca la incorporación, por primera vez, de un espacio adecuado para actividad industrial y de servicios en torno al eje del aeropuerto, una demanda largamente detectada tanto por la administración como por el sector empresarial. Esta ordenación permitirá concentrar y regular una actividad económica actualmente dispersa y facilitar el traslado de industrias ubicadas en zonas inadecuadas.
Las Normas Provisionales también habilitan un ámbito específico para vivienda protegida y ordenan distintos vacíos urbanos y accesos estratégicos, como las entradas a Sant Josep, así como zonas de Cala de Bou y Sant Jordi, con el objetivo de garantizar más espacios libres, mejorar la movilidad y generar nuevas oportunidades para equipamientos públicos. Todo ello se plantea con un equilibrio prácticamente neutro entre nuevos suelos y desclasificaciones, de modo que se resuelven carencias estructurales sin incrementar la presión urbanística.
En el ámbito residencial, las NPP incorporan además la prohibición del alquiler turístico en edificaciones plurifamiliares del suelo urbano, una medida que permitirá activar mecanismos urbanísticos para combatir el alquiler turístico ilegal, en línea con lo aplicado en otros municipios de la isla.
Uno de los cambios más significativos es la reducción del suelo urbano y urbanizable, que pasa de las 2.162 hectáreas previstas en las Normas Subsidiarias de 1986 a 1.310 hectáreas, lo que supone una disminución del 47,8 %. Esta reducción responde a la necesidad de ajustar el planeamiento a la normativa vigente y a la realidad territorial y ambiental del municipio. El nuevo marco fija una capacidad máxima de 43.720 habitantes en las áreas urbanas, aunque el techo real se sitúa en 31.702 habitantes en las zonas donde se pueden conceder licencias de forma directa, quedando el resto condicionado a la disponibilidad acreditada de recursos hídricos.
El nuevo ordenamiento también reserva suelo suficiente para equipamientos y sectores estratégicos. Se incluye un suelo urbanizable directamente ordenado de 8,93 hectáreas vinculado al ámbito industrial existente, con superficie destinada a actividad económica, equipamientos municipales y espacios libres públicos. Asimismo, se designan varios ámbitos como sistemas generales para futuros equipamientos públicos, entre ellos terrenos para un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Can Burgos, espacios culturales y deportivos en Cala de Bou y suelo para el desdoblamiento del centro educativo de Sant Jordi. En total, las Normas Provisionales establecen ordenación detallada sobre 517 hectáreas de suelo urbano, mientras que en el resto será necesario completar el planeamiento antes de autorizar nueva edificación.
El presidente del Consell Insular de Ibiza, Vicent Marí, ha subrayado que esta decisión “era imprescindible para proteger el interés general y asegurar que Sant Josep disponga de un planeamiento viable mientras se elabora el nuevo instrumento general”. Marí ha destacado que las Normas Provisionales “corrigen déficits reales, aportan estabilidad y ordenan espacios que el municipio necesitaba, especialmente en el ámbito industrial y de equipamientos”, y ha remarcado que ofrecen seguridad jurídica a vecinos y empresas.
Por su parte, el alcalde de Sant Josep de sa Talaia, Vicent Roig, ha agradecido el trabajo conjunto con el Consell y ha señalado que “estas normas nos dan oxígeno y seguridad mientras redactamos la revisión del planeamiento general”. Roig ha destacado que el municipio necesitaba espacios para nuevas dotaciones, para ordenar accesos y para dar respuesta a la demanda de actividad industrial, y ha valorado que se haya logrado “un instrumento equilibrado, que mejora la funcionalidad urbana y refuerza la calidad de vida sin incrementar el crecimiento”. Además, ha subrayado que estas normas permitirán delimitar equipamientos públicos sin recurrir a la figura del interés general, lo que agilizará trámites y reducirá la presión sobre el suelo rústico.
Tras esta aprobación inicial, las Normas Provisionales de Planeamiento se someterán a información pública durante veinte días hábiles y se iniciará la solicitud de los informes sectoriales correspondientes, incluida la evaluación ambiental estratégica. Una vez completada esta fase, continuará la tramitación hasta su aprobación definitiva dentro del plazo máximo que establece la ley.
