El adelanto electoral anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para el 29 de noviembre arrastra consigo una larga lista de normas sociales que el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar tenía en tramitación y que decaerán con la disolución de las Cortes Generales.
Igualdad: violencia vicaria, trata y derechos LGTBI
Desde el Ministerio de Igualdad caerá la Ley de Violencia Vicaria, que el 30 de septiembre pasaba su primer examen en el Congreso. La norma tipificaba este tipo de violencia como agravante de género, preveía la privación automática de la patria potestad de los padres condenados por maltrato y prohibía a los condenados hablar sobre el crimen durante un plazo de hasta 20 años.
Tampoco verá la luz la Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, pendiente de aprobación en segunda vuelta por el Consejo de Ministros. En junio, la ministra Ana Redondo argumentó que la aprobación de la Directiva Europea de Trata obligaba a reformular el texto y que no quería hacer una «chapuza jurídica».
Queda igualmente pendiente la Ley para castigar las prácticas de conversión LGTBI, que ya había superado la tramitación en el Congreso y se encontraba en el Senado. Y la reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el aborto, en tramitación parlamentaria, tampoco saldrá adelante.
Derechos Sociales: familias, crianza y servicios sociales
Desde el Ministerio de Derechos Sociales decaerá la Ley de Familias, varada en el Congreso. La falta de Presupuestos Generales del Estado impedirá además que salga adelante una de las medidas más deseadas por Sumar: la prestación universal por crianza.
El ministro Pablo Bustinduy también había hecho suya la aprobación de la Ley de Servicios Sociales, impulsada por su predecesora Ione Belarra en la anterior legislatura, pero la norma ni siquiera ha vuelto a pasar por el Consejo de Ministros.
Juventud: redes sociales, menores y voto a los 16
El Ministerio de Juventud e Infancia pierde el proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, actualmente en fase de ponencia en el Congreso, cuyo objetivo principal era restringir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales.
Tampoco saldrá adelante la reforma de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI), aprobada en primera vuelta en mayo, que establecía la garantía de escucha al menor y el alejamiento de progenitores acusados de maltrato.
La ministra Sira Rego avanzó además que quería llevar al Consejo de Ministros una Ley de familias acogedoras tras el verano, que también queda sin efecto. Al igual que la Ley de Juventud, en cuyo borrador Rego negociaba con el PSOE la inclusión del voto a partir de los 16 años.
Extranjería: asilo, menores no acompañados y el Pacto Europeo
En materia de extranjería, no verán la luz la nueva Ley de Asilo ni la reforma de la Ley de Extranjería, dos anteproyectos aprobados por el Consejo de Ministros en primera vuelta para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo.
Sí quedará en vigor, al haber sido convalidado, el decreto-ley que reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer el reparto obligatorio de menores no acompañados en caso de contingencia migratoria, aunque su tramitación como proyecto de ley en el Congreso quedará paralizada.
El Ejecutivo estudiaba además otro decreto para acelerar la tramitación de solicitudes de asilo en Ceuta, que permitiría entre otras cosas prescindir de ACNUR en el examen de las solicitudes.
