Las fiestas privadas con actividad económica encubierta, cada vez más frecuentes en Ibiza, han pasado a ser uno de los principales focos de debate institucional. Este jueves, durante la primera reunión de la Mesa contra el Intrusismo, representantes del Consell de Ibiza, el Govern balear, ayuntamientos, cuerpos de seguridad y grandes plataformas turísticas abordaron qué herramientas legales pueden aplicarse para controlar estos eventos.
El Consell insiste en que las policías locales deben poder intervenir cuando existan pruebas claras de que se desarrolla una actividad comercial, como el cobro de entradas o la venta de bebidas. El vicepresidente primero, Mariano Juan, aseguró que no se trata de acceder a viviendas sin orden judicial, sino de actuar en espacios donde se ha demostrado que se está llevando a cabo una explotación económica, vulnerando la normativa vigente.
Desde el Govern, el director general de Turismo, Josep Aloy, reconoció que existen “dudas jurídicas” y una “confrontación interna” sobre la vía para modificar la legislación. Mientras algunos departamentos consideran que debe hacerse a través de la ley de turismo, otros —como Industria— apuntan que la solución está en reformar la ley de actividades. Aloy subrayó que es necesario diferenciar entre una celebración familiar y un evento organizado con ánimo de lucro.
¿Dónde empieza lo privado y dónde lo comercial?
Uno de los principales puntos que se discutieron en la mesa es la frontera legal entre el uso privado de una vivienda y su explotación económica. Representantes de las policías locales propusieron la posibilidad de que los agentes puedan acceder a zonas no consideradas estrictamente como domicilio, como jardines o recintos exteriores, cuando exista evidencia de actividad comercial, algo que ya ocurre en hoteles (donde la intervención se permite en zonas comunes pero no en habitaciones).
Mariano Juan insistió en que no se pide invadir espacios privados sin justificación, sino que se actúe cuando haya pruebas fehacientes. “No estamos hablando de cumpleaños infantiles, sino de eventos encubiertos como negocio que afectan a la convivencia, al entorno y a la imagen de Ibiza”, puntualizó.
Pese a los desencuentros actuales, tanto el Consell como el Govern se mostraron dispuestos a alcanzar un acuerdo legal que permita una intervención efectiva, sin vulnerar derechos fundamentales. Aloy aseguró que se seguirá trabajando con voluntad de entendimiento.
Sanciones y medidas cautelares
Además de este punto central, en la reunión se planteó reforzar el régimen sancionador contra las actividades ilegales en el ámbito turístico. El Consell informó que, desde la creación de la Oficina de Lucha contra el Intrusismo, ya se han recaudado más de tres millones de euros en sanciones.
También se planteó incrementar las medidas cautelares, como el corte de suministros en casos reincidentes, así como reforzar los medios técnicos y humanos para la detección y control de estas actividades no autorizadas.
La misteriosa e ilegal fiesta de lujo en una cueva clandestina de Ibiza a 275 euros la entrada
Las plataformas digitales, parte del nuevo modelo
Un dato significativo de esta primera reunión es la participación activa de plataformas como Airbnb, Booking, Holidu y APAT, que se suman al foro por primera vez. Según datos compartidos en la mesa, los anuncios ilegales de alquileres turísticos en plataformas se han reducido un 30% en los últimos meses, mientras que ha aumentado el número de alojamientos legales y registrados.
Airbnb anunció además que exigirá a sus anfitriones el número de registro turístico para poder publicar alojamientos en Ibiza, un paso considerado clave para reforzar el control.
Más instrumentos para ayuntamientos
Desde el Consell también se informó de que ya está en marcha la modificación del planeamiento urbanístico en Sant Antoni, Sant Josep y Sant Joan, lo que permitirá sancionar por vía urbanística los alquileres turísticos ilegales, como ya hacen los municipios de Vila y Santa Eulària.
Este enfoque permitirá no solo aplicar sanciones económicas, sino también adoptar medidas preventivas inmediatas que limiten la continuidad de la actividad ilícita.
Registro único, otra herramienta en camino
Finalmente, se abordó la inminente entrada en vigor del registro único de alquileres que impulsa el Ministerio de Vivienda, previsto para julio. Este instrumento permitirá controlar tanto el alquiler turístico como el residencial de corta duración, y facilitará la fiscalización de las ofertas en todas las plataformas.
La Mesa contra el Intrusismo nace como un espacio de trabajo estable que busca abordar de forma coordinada fenómenos que afectan a la convivencia, al mercado legal y a la imagen turística de la isla. Las fiestas ilegales, hasta ahora difíciles de frenar, han pasado a ocupar el centro de la escena institucional.
