La detención de Antxon Alonso Egurrola ha vuelto a situar su nombre en el centro de una investigación que mezcla adjudicaciones públicas, conexiones políticas y un entramado empresarial de alto riesgo.
Su arresto se produce dentro de la causa que investiga la Audiencia Nacional por presuntos delitos de cohecho y comisiones ilegales vinculados a contratos otorgados desde organismos dependientes de la SEPI. En esta misma operación han sido detenidos la exmilitante socialista Leire Díez y el expresidente del organismo público Vicente Fernández Guerrero, lo que deja entrever la dimensión institucional del caso.
Antxon Alonso: un empresario en la órbita del «caso Cerdán»
Alonso no es un desconocido para los investigadores. Su nombre ya figuraba en las diligencias del llamado caso Cerdán, debido a su papel como socio en Servinabar 2000, una empresa prácticamente sin actividad que, sin embargo, obtuvo adjudicaciones públicas relevantes.
Las sospechas se centran en si estas concesiones estaban vinculadas a influencias políticas en Navarra durante la etapa en la que Santos Cerdán, dirigente socialista y amigo personal de Alonso, tenía un papel destacado en el Partido Socialista de Navarra (PSN).
La Audiencia Nacional examina si existió una red diseñada para beneficiarse de contratos públicos mediante comisiones irregulares. En este esquema, Servinabar aparece como una pieza central.
Contratos bajo la lupa: siete adjudicaciones en Navarra
Servinabar 2000 SL y otra sociedad vinculada a Alonso, Alegure SL, lograron al menos siete adjudicaciones públicas en Navarra. A menudo lo hicieron asociadas en UTE con grandes constructoras, entre ellas Acciona, lo que permitió mover cantidades de dinero significativas.
Los contratos investigados fueron otorgados en un periodo de fuerte influencia socialista en la comunidad foral. Según los informes preliminares, la empresa de Alonso no contaba con estructura ni actividad suficiente como para justificar el volumen de adjudicaciones obtenido.
Un entramado empresarial con más de 20 cargos societarios
Lejos de limitarse al sector de la construcción, Antxon Alonso ha figurado en hasta 20 cargos en 14 empresas diferentes. Su actividad abarca ámbitos como:
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Minería, a través de su participación en el Proyecto Mina Muga con la compañía Geoalcali.
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Inmobiliaria, mediante la fundación de una cooperativa de vivienda en 2015 junto al exasesor ministerial Koldo García, investigado en el caso Koldo.
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Vending y otros negocios complementarios, que completan un perfil empresarial diversificado pero difícil de justificar en términos de capacidad real.
Este mosaico de actividades ha sido interpretado por los investigadores como una red diseñada para diversificar ingresos y facilitar movimientos financieros.
Un empresario con vínculos políticos transversales
Alonso también destaca por su capacidad de moverse en diferentes espacios políticos. Conocido en entornos próximos al PNV y Geroa Bai, también actuó como mediador entre dirigentes del PSOE y la izquierda abertzale.
El propio líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, reconoció en su momento que Alonso sirvió como intermediario para establecer contacto con Santos Cerdán, facilitando reuniones discretas entre ambas formaciones. Este rol como enlace político añade una nueva página a su perfil y multiplica las incógnitas sobre la finalidad de sus relaciones y negocios.
Medidas cautelares y situación judicial previa
Antes de su reciente detención, Antxon Alonso permanecía en libertad, aunque sometido a un conjunto de medidas cautelares que reflejaban la preocupación de los investigadores por su posible riesgo de fuga.
La Audiencia Nacional le había retirado el pasaporte y le imponía la obligación de presentarse en sede judicial dos veces al mes, concretamente los días 1 y 15, como parte del procedimiento vinculado al denominado caso Cerdán.
Estas restricciones respondían a su implicación en una presunta red de adjudicaciones irregulares en Navarra. Sin embargo, su situación procesal ha dado un giro con la nueva operación relacionada con contratos públicos bajo sospecha en organismos dependientes de la SEPI.
La detención de Alonso en este contexto abre un escenario judicial más complejo, en el que ambas investigaciones (hasta ahora separadas) podrían confluir y agravar su responsabilidad penal.
