La tensión en Irán ha alcanzado un punto crítico con la noticia de la inminente ejecución de Erfan Soltani, un joven de 26 años residente de Fardis. De llevarse a cabo, Soltani se convertiría en el primer participante de las recientes movilizaciones contra el régimen de Ali Jamenei en recibir la pena capital.
Organizaciones de derechos humanos, como Hengaw, han denunciado que este caso representa un precedente alarmante debido a la extrema celeridad y falta de transparencia con la que el sistema judicial iraní ha actuado en esta ocasión.
Un proceso judicial oscuro y acelerado
Lo que más ha consternado a la comunidad internacional es la rapidez con la que se ha desarrollado el proceso contra Soltani. El joven fue detenido en su propia casa el pasado jueves 8 de enero y, en apenas cuatro días, su familia fue notificada de que la sentencia de muerte ya estaba programada.
Según denuncian activistas, Soltani fue privado de sus derechos fundamentales, incluyendo el acceso a un abogado y la posibilidad de preparar una defensa. Incluso su propia hermana, que ejerce la abogacía, ha visto bloqueado cualquier intento de acceder al expediente legal de Erfan, evidenciando un hermetismo total por parte de las autoridades de Karaj.
¿Por qué sentenciaron a Erfan Soltani a la pena de muerte?
La situación de Soltani se enmarca en una ola de arrestos masivos que ya supera los 5.000 detenidos en la región de Teherán y sus alrededores. Las protestas, que se originaron a finales de diciembre debido a la crisis económica y la devaluación de la moneda, escalaron rápidamente hacia reclamos políticos contra el sistema clerical.
Mientras tanto, el régimen ha impuesto severas restricciones en las comunicaciones; aunque el servicio telefónico ha mostrado signos de restablecimiento, el bloqueo intermitente de internet ha generado un peligroso vacío de información que dificulta conocer el destino real de los detenidos.
Las advertencias de Estados Unidos contra Irán
Ante la inminencia de los ahorcamientos (un método de ejecución frecuente en el país persa), el escenario internacional no ha tardado en reaccionar con efervescencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado una advertencia directa a Teherán, asegurando que su administración tomará «medidas muy contundentes» si el régimen inicia la ejecución de manifestantes.
A pesar de las amenazas externas, el gobierno iraní mantiene su postura, defendiendo la legalidad de la pena de muerte en su jurisdicción y acusando a las potencias extranjeras de interferir en sus asuntos internos, mientras la vida de Soltani pende de un hilo.
