La funcionaria María Joaquina Ferrer Matas ha sido nombrada nueva directora general de Costas y Litoral del Govern balear, un cargo con amplias competencias sobre los más de 1.500 kilómetros de litoral de las islas.
Desde esta dirección general, dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, deberá gestionar expedientes relativos a la ordenación del litoral, el dominio público marítimo-terrestre, la protección ambiental de las playas y acantilados, y el control de actividades e instalaciones en primera línea de costa.
El nombramiento se anunció el viernes, en sustitución de Carlos Simarro, tras su marcha al Congreso de los Diputados. La presidenta Marga Prohens y el conseller Juan Manuel Lafuente han apostado por un perfil técnico: Ferrer Matas es licenciada en Derecho y funcionaria de carrera, sin trayectoria política pública, con experiencia en distintos departamentos de la Administración autonómica.
El foco inevitable: Formentera
Aunque sus responsabilidades abarcan todo el litoral balear, Ferrer Matas llega al cargo en un momento en el que Formentera concentra gran parte de la atención mediática. El concurso de chiringuitos, adjudicado en 2022 y cuestionado desde el inicio, sigue rodeado de polémica y de frentes judiciales abiertos.
El Govern ha abierto una investigación formal sobre la posible caducidad de la concesión otorgada a los actuales gestores de kioscos, después de que se detectaran incumplimientos y retrasos en la ejecución de lo previsto en el pliego. Paralelamente, el contencioso administrativo contra el concurso avanza en los tribunales y se encuentra ya en su recta final, lo que podría desembocar en un escenario de nulidad de la adjudicación.
A estos frentes legales se suman los expedientes sancionadores abiertos por incumplimientos de los concesionarios, que no desmontaron los quioscos fuera de temporada, y las críticas de antiguos gestores que denuncian carencias en los servicios exigidos, como socorrismo o seguridad.
Una prueba política y técnica
El caso de los chiringuitos de Formentera se ha convertido en un test de estrés para la Dirección General de Costas. Ferrer Matas no solo deberá garantizar la aplicación estricta de la normativa en un contexto judicial en marcha, sino también mantener la coordinación con el Consell de Formentera y con el sector empresarial, en un asunto que afecta directamente a la imagen turística y a la gestión medioambiental de la isla.
Su gestión marcará la hoja de ruta del Govern en esta materia: o bien confirmar la línea sancionadora que podría culminar con la caducidad de la concesión, o bien abrir espacios de negociación que permitan dar estabilidad a uno de los sectores más sensibles del litoral balear.
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