Las Islas Baleares figuran en una posición destacada dentro del nuevo ranking autonómico sobre ocupación ilegal de viviendas y desahucios publicado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE). El estudio, presentado en marzo de 2025 bajo el título El problema de la ocupación ilegal en España, no solo analiza cuántas viviendas se ocupan, sino qué nivel de presión sufre cada territorio en relación con su parque inmobiliario disponible.
En este análisis comparativo, Baleares aparece entre las comunidades con mayor impacto estructural, lo que confirma que el fenómeno lano es residual ni aislado, sino que forma parte de una problemática regional más profunda, vinculada a la escasez de vivienda, la tensión de precios y la lentitud judicial.
Un índice que mide la presión real sobre las viviendas vacías
A diferencia de otras estadísticas, el IEE establece un índice de presión ocupacional, que relaciona las viviendas ocupadas con el número total de viviendas vacías en cada comunidad. Esta métrica permite identificar no solo cuántas viviendas se ocupan, sino dónde tiene más efecto el fenómeno sobre la oferta de vivienda.
Baleares obtiene un índice de 113 puntos, frente a la media nacional de 100. Esto significa que la ocupación ilegal tiene en el archipiélago un peso un 13 % superior al promedio estatal, una cifra que lo sitúa como una de las zonas más tensionadas de España en términos relativos.
Solo tres comunidades superan a Baleares
El ranking lo encabeza Cataluña (169 puntos), seguida de Madrid (136) y el País Vasco (116). A continuación, aparece Baleares (113), ocupando la cuarta posición nacional en presión por ocupación.
Esta posición no implica que en Baleares haya más casos absolutos, sino que la presión sobre las viviendas disponibles es de las más elevadas del país, especialmente en contextos como el turístico, donde la rotación y la escasez agravan el problema.
En desahucios, también por encima de la media
El informe también incorpora un índice relativo de desahucios, que mide la participación de cada comunidad en el total nacional de procedimientos judiciales por recuperación de inmuebles. En este indicador, Baleares alcanza los 54 puntos, lo que la sitúa en novena posición nacional.
Aunque se trata de una posición más baja que en ocupación, el dato confirma que los conflictos en torno a la vivienda tienen una presencia constante en el sistema judicial balear, agravada por el incremento en los tiempos de resolución.
Los desalojos se demoran más del doble
El informe advierte sobre la lentitud creciente de los procedimientos de desalojo en todo el país. En 2018, el tiempo medio para ejecutar un lanzamiento era de 4,9 meses. En 2023, el plazo ha superado los 12 meses, más del doble en solo cinco años.
Aunque el estudio no ofrece el dato por comunidades, sí indica que las regiones con más presión —como Baleares— suelen sufrir mayores demoras judiciales, lo que agrava el problema tanto para los propietarios como para el sistema judicial.
El informe no distingue entre islas, pero el contexto es claro
El documento del IEE no desglosa datos por islas, por lo que no hay cifras específicas para Ibiza, Menorca o Formentera. Aun así, el contexto urbano y turístico de Ibiza, con escasa oferta residencial y alta rotación, encaja en los patrones de riesgo señalados por el estudio.
Municipios como Vila o Sant Josep han registrado ocupaciones en temporadas pasadas, y aunque el fenómeno no siempre se visibiliza públicamente, el impacto sobre el acceso a la vivienda es real y persistente.
Una situación que exige soluciones
El Instituto de Estudios Económicos concluye que la ocupación ilegal en España es un fenómeno estructural en determinadas comunidades, entre las que se encuentra Baleares, y que requiere respuestas legales y políticas más ágiles. El informe destaca la necesidad de reducir plazos judiciales, garantizar seguridad jurídica y frenar las ocupaciones organizadas que se aprovechan de la lentitud del sistema.
