El Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo en el Parlament balear para modificar la ley educativa autonómica e incluir la vehicularidad del castellano junto al catalán en el sistema educativo. Este pacto, suscrito como parte de la negociación para aprobar los presupuestos de 2025, incluye también medidas restrictivas en materia migratoria, con especial atención a los menores migrantes no acompañados.
Entre los compromisos firmados por ambos partidos figura la elaboración de planes de retorno para menores migrantes a sus países de origen, así como la negativa a acoger nuevos menores trasladados desde otras comunidades autónomas o a financiar nuevos centros de acogida para este colectivo.
El texto acordado ha sido firmado por los portavoces parlamentarios de ambas formaciones, Sebastià Sagreras (PP) y Manuela Cañadas (Vox).
Modificación educativa y bilingüismo oficial
En el ámbito educativo, el acuerdo contempla que tanto el catalán como el castellano sean lenguas vehiculares en la enseñanza balear. El objetivo, según el documento, es garantizar el conocimiento del español en el sistema educativo y respetar las modalidades lingüísticas propias de cada isla.
Se prevé además ampliar la aplicación del plan piloto voluntario de elección de lengua en centros de educación primaria, con la intención de extenderlo a secundaria durante el curso 2025-2026. Se aspira a que al menos un centro por comarca se adhiera a este programa antes del fin de la legislatura.
También se recogen adaptaciones curriculares y exenciones del catalán para alumnado de familias desplazadas por motivos justificados, y se permite que en oposiciones de difícil cobertura no sea necesario acreditar el conocimiento de catalán hasta obtener la plaza.
Condiciones en el acceso a la función pública
El acuerdo incluye un paquete de medidas para evitar que el catalán penalice el acceso a bolsas de trabajo públicas, especialmente en puestos que no requieren trato directo con la ciudadanía. Se revisarán categorías y escalas laborales para establecer exenciones o rebajas en los niveles de catalán exigidos, sobre todo en plazas deficitarias o difíciles de cubrir.
Además, se garantiza que el personal estabilizado sin el nivel lingüístico requerido no será removido de su puesto, ampliando el plazo para obtener la acreditación de dos a cuatro años, conforme al último decreto ley aprobado por el Govern.
Restricciones y condiciones en política migratoria
En el eje migratorio, PP y Vox han acordado no acoger más menores migrantes no acompañados del reparto estatal y condicionar las ayudas públicas a tiempo mínimo de residencia. Así, se fija un mínimo de tres años de residencia legal para acceder a ayudas de emancipación para extutelados o a la renta social, salvo causas justificadas.
Se plantea la realización de pruebas de edad más fiables y, en caso de que los menores no las superen, se tramitará su expulsión conforme a la Ley de Extranjería.
Asimismo, el acuerdo recoge la eliminación de ayudas de cooperación con países que no colaboren con el retorno de migrantes, así como a organizaciones islamistas o a ONG que participen en el tráfico de personas o en la inmigración irregular.
