El Gobierno de España dará este martes un paso decisivo que cambia la realidad de miles de residentes irregulares: el Consejo de Ministros aprobará el inicio de los trámites para un Real Decreto de regularización extraordinaria, una medida que busca sacar de la invisibilidad administrativa a cerca de 500.000 personas que ya residen y trabajan en el país, brindándoles seguridad jurídica y acceso a derechos fundamentales.
Esta iniciativa surge de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, rescatando el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el año pasado recabó más de 700.000 firmas y obtuvo un apoyo parlamentario casi unánime, con la única excepción de Vox.
Requisitos: ¿Quiénes podrán beneficiarse?
La medida establece criterios temporales y de arraigo claros para quienes deseen normalizar su situación antes del próximo 30 de junio:
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Fecha de corte: Podrán solicitarla quienes estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025.
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Tiempo mínimo: Se debe acreditar una residencia de, al menos, cinco meses.
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Pruebas admitidas: No solo servirá el empadronamiento; también se aceptarán contratos de suministros (luz/agua), informes sanitarios o certificados de envío de remesas.
¿Qué derechos otorga el proceso?
El decreto introduce beneficios inmediatos para los solicitantes. Desde el momento en que se admite a trámite la petición, la persona obtiene una autorización provisional que le permite trabajar legalmente y acceder a la sanidad pública.
Además, quedan suspendidos automáticamente cualquier proceso de expulsión o retorno por motivos administrativos que pesara sobre el solicitante. Si la resolución final es positiva, se entregará un permiso de residencia por un año, tras el cual se podrá transitar hacia el régimen ordinario de extranjería.
Las tensiones políticas que produce la normativa
La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha defendido la medida como un paso hacia una «sociedad más justa», mientras que desde Podemos subrayan que se trata de combatir el «racismo institucional» y la explotación laboral.
Sin embargo, la oposición ha reaccionado con dureza. Alberto Núñez Feijóo (PP) ha calificado la regularización de «masiva» y la considera una «cortina de humo» para desviar la atención de otros problemas de gestión, advirtiendo sobre un posible «efecto llamada». Por su parte, Santiago Abascal (Vox) ha endurecido el discurso acusando al Ejecutivo de promover una «invasión» mediante decreto.
