La gestión sanitaria en Ibiza y Formentera volvió a enfrentar este martes al Govern y a la oposición, pero esta vez el debate quedó eclipsado por una grave acusación: la consellera de Salud, Manuela García, denunció que la diputada socialista Irantzu Fernández expuso información personal de un paciente fallecido en Ibiza tras caer de un muro.
“Su desvergüenza no tiene límites. Usar muertes con fines políticos es indecente”, afirmó con contundencia la consellera durante la sesión parlamentaria.
Un choque que va más allá de la gestión sanitaria
Fernández había cuestionado de nuevo la situación del Área de Salud de Ibiza y Formentera, preguntando a García “cuándo aceptará” que el Govern gestiona “de forma ineficaz” la sanidad pitiusa. La diputada recordó que 22 altos cargos sanitarios firmaron recientemente una carta denunciando mala gestión y alertó de la falta de especialistas, entre ellos “dos oncólogos y medio” en la isla.
Pero la intervención de la socialista derivó, según la consellera, en algo aún más grave: la exposición de detalles personales de un caso mortal que conmocionó a la isla. García censuró que la diputada utilizara información privada del paciente para reforzar su crítica política.
García defiende su gestión y acusa a la socialista de “buscar titulares”
La consellera defendió que la gestión en el Área de Salud “no es ineficiente, es muy buena gestión”, insistiendo en que el Govern ha recuperado e incluso mejorado servicios “tras una legislatura en la que la fuga de profesionales fue constante”. Según García, la diputada socialista “no quiere hablar de gestión, sino de titulares”.
Sin embargo, la consellera centró su réplica en la cuestión ética: denunciar públicamente que se aireen datos personales de un fallecido, algo que podría vulnerar la intimidad de la familia y que, subrayó, no debería formar parte del debate político.
Debate sanitario eclipsado por la polémica ética
La intervención dejó en segundo plano la discusión sobre recursos, profesionales y carga asistencial en Ibiza y Formentera. Lo que quedó sobre la mesa fue una brecha ética y política: ¿hasta qué punto es legítimo utilizar casos personales —y especialmente un fallecimiento— para denunciar problemas estructurales de la sanidad?
La consellera cerró su intervención recordando que ciertas líneas no deberían cruzarse en sede parlamentaria. “Usar muertes con fines políticos es indecente”, repitió, dando por zanjado un debate que terminó alejándose del estado de la sanidad para situarse en el terreno de los límites del discurso político.
