El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este viernes un nuevo programa estatal de 175 millones de euros para financiar la escolarización gratuita de menores de 0 a 3 años, dirigido exclusivamente a familias con rentas bajas. La medida fue presentada durante la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, donde también solicitó a los gobiernos autonómicos colaboración para poner en marcha nuevas políticas de vivienda y formación profesional, al tiempo que reclamó “rebajar la crispación” en el debate político.
Educación infantil gratuita solo para grupos vulnerables
El anuncio más destacado fue la creación de un programa nacional para facilitar el acceso gratuito a la educación infantil en la etapa 0-3 años, pero solo para familias vulnerables. El presidente no detalló los criterios de reparto por comunidades ni si la ayuda será directa o gestionada por las autonomías.
En Baleares, donde los precios de las guarderías son especialmente elevados en islas como Ibiza y Formentera, la medida podría tener un impacto limitado si no se amplía a más segmentos de la población.
Críticas veladas a las autonomías y advertencia sobre la FP privada
Sánchez utilizó parte de su intervención para enviar un mensaje político a los presidentes autonómicos, entre ellos Marga Prohens, al pedir que “dejen la crispación en el perchero” y colaboren “con honestidad y espíritu constructivo”. Subrayó que sin unidad, encuentros como este “sirven para muy poco”.
En materia educativa, propuso crear un sistema nacional de supervisión de los centros privados de Formación Profesional, cuya calidad ha sido puesta en duda: “Muchos centros son excelentes, pero otros no cumplen los estándares mínimos”, advirtió el presidente. La iniciativa busca reforzar los controles sobre una red que, en comunidades como Baleares, ha crecido de forma desigual en los últimos años.
Vivienda: promesa de 7.000 millones, pero exige aportación de las CCAA
En el ámbito de la vivienda, Sánchez reiteró su propuesta de alcanzar un Acuerdo Estatal que triplique la inversión pública, pasando de 2.300 a 7.000 millones de euros en los próximos cinco años. Sin embargo, condicionó este compromiso a que las comunidades autónomas financien el 40% del gasto.
“El Gobierno central pondrá 4.000 millones, pero la vivienda también es competencia vuestra”, dijo en referencia a los ejecutivos autonómicos.
El paquete también contempla blindar de forma indefinida la calificación de las viviendas protegidas y crear una base de datos pública sobre los precios reales del mercado de compraventa y alquiler.
Formación en emergencias y poca autocrítica
Sánchez aprovechó su intervención para anunciar que a partir de septiembre se impartirá en los colegios un curso obligatorio de formación ante emergencias y protección civil, en respuesta a eventos como el volcán de La Palma o la DANA en Valencia.
No obstante, evitó abordar las críticas de varias autonomías sobre la falta de coordinación del Gobierno central en materia de inmigración o vivienda, que protagonizaron otras intervenciones en la conferencia, como la de la presidenta balear.
